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EFE

Paraguay sigue este domingo conmocionado por la muerte de los ocho militares que fallecieron el sábado en un atentado en el norte del país que apunta a la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo que mantiene secuestrados a un policía y a dos colonos menonitas.

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, viajó esta mañana a la zona donde tuvo lugar el atentado, en el distrito de Horqueta, en el departamento de Concepción, y se entrevistó con mandos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el cuerpo encargado del combate al EPP, al que pertenecían todas las víctimas.

“Yo asumo aquí la primera línea (…) Este dolor hay que transformarlo en hechos”, dijo Cartes, quien estaba acompañado del ministro del Interior, Francisco de Vargas, y de las principales autoridades de la Policía Nacional.

A su regreso anoche de México, donde se encontraba de viaje oficial, Cartes leyó un comunicado ante los periodistas en el aeropuerto de Asunción en el que se comprometió a acabar con el terrorismo en el tiempo de mandato que le resta, que finaliza en 2018.

Para este lunes, el Congreso convocó una sesión extraordinaria y simultánea tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, con el objetivo de debatir acerca del atentado.

Los ocho militares fallecidos integraban una patrulla de la FTC que realizaba tareas de control en un camino vecinal donde se había colocado un artefacto explosivo, que fue detonado al paso del vehículo, un camión para el transporte de tropas y pertrechos.

Tras la explosión, los militares fueron tiroteados por un grupo de personas todavía sin identificar, según el comunicado de la FTC.

El atentado sigue provocando condenas y muestras de repudio en todo Paraguay, tanto a través de los medios como de las redes sociales.

La gobernación del departamento de Concepción, donde están siendo velados los cuerpos de algunos de los fallecidos, declaró tres días de luto, una medida también adoptada por la Municipalidad de Asunción.

Las condenas también abarcaron todo el arco político, desde el oficialismo a la oposición, aunque con matices, ya que algunos legisladores opositores pidieron la dimisión del ministro del Interior.

El gubernamental Partido Colorado condenó “enérgicamente” el “grave y cobarde atentado”, que atribuyó a “criminales que operan en el norte” del país, según un comunicado firmado por el presidente de la agrupación, Pedro Alliana.

Por su parte, la formación política Frente Guasú, a la que pertenece el expresidente paraguayo Fernando Lugo, responsabilizó al Gobierno del atentado y dijo que mantiene “una estrategia fracasada en materia de seguridad”.

Otros actores sociales también se sumaron a las condenas, como la Conferencia Episcopal, que pidió en un comunicado el cese de la violencia.

“¡Paren! ¡Basta de tanto dolor y luto!”, reclamaron los obispos a los autores del atentado, mientras que exigieron a las autoridades tomar todas las medidas legales para su castigo, y para “evitar el derramamiento de más sangre inocente”.

Por su parte, la sección paraguaya del Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA) pidieron el esclarecimiento del atentado, y lamentaron que la pérdida de vidas humanas sea “la norma de convivencia” en el país.

Desde el Ministerio Público indicaron hoy que todavía no se reúnen los datos suficientes para elaborar un informe definitivo de lo sucedido, ni para identificar a los autores del atentado.

Sin embargo, el ministro del Interior declaró a los medios locales que el lugar donde se produjo el ataque es una las zonas identificadas como área de influencia del EPP.

El Gobierno responsabiliza al EPP de medio centenar de asesinatos desde su fundación en 2008.

El grupo tiene actualmente secuestradas a tres personas: desde hace dos años a un policía, desde hace uno a un colono menonita y desde el mes pasado a otro miembro de esa comunidad religiosa, de 17 años de edad.

La FTC fue creada en 2013, al inicio del gobierno de Cartes, para combatir al EPP.

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