EFE
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, reiteró este lunes su compromiso de «llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación» de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa y llevar ante la justicia a los responsables.
El interés prioritario del Gobierno de la República «es precisamente saber qué fue lo que ocurrió» en Iguala, estado de Guerrero, la noche del 26 de septiembre de 2014, dijo Peña Nieto a medios mexicanos desde Cartagena, donde esta tarde asistirá a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Además, que se dé con todos los responsables de estos «muy lamentables hechos», entre ellos miembros del crimen organizado, autoridades y policías municipales, afirmó.
La investigación, que «sigue su curso», ha contado con la participación de organismos internacionales, «sobre todo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)», recordó el mandatario.
México, añadió, ha abierto el espacio a la CIDH para que se involucre, conozca y «coadyuve en los trabajos» que realiza la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) en torno al caso.
Un grupo de expertos designados por la CIDH trabajó en el caso durante más de un año, un periodo en que denunció graves irregularidades en la investigación y echó abajo la versión oficial de lo ocurrido en Iguala.
La noche del 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala y Cocula, en el sureño estado de Guerrero, atacaron a tiros a alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa que se desplazaban en autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México.
El ataque dejó seis muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos, quienes -según la investigación oficial- fueron entregados esa misma noche a miembros del cártel de Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura en Cocula.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, cuyo mandato finalizó en abril pasado, pidió a la PGR abrir nuevas líneas de investigación, entre ellas la participación de policías del municipio de Huitzuco y el traslado de drogas en uno de los autobuses tomados por los jóvenes como posible móvil del crimen.
El Gobierno mexicano se comprometió a seguir las recomendaciones del GIEI y el pasado mes acordó con los padres de las víctimas las características del mecanismo de seguimiento del caso de la CIDH, cuya fase de implementación comenzó el 9 de septiembre pasado.
Al grito de «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», los padres de los 43 estudiantes encabezan esta tarde una marcha por el centro de capital mexicana para exigir justicia cuando se cumplen dos años de la tragedia.
