Luis Alejandro Borrero | @LABC7
Román Camacho tomaba fotografías y reporteaba desde una cola en El Bosque, Caracas. Cubría la validación de firmas del referéndum revocatorio para La Patilla. Recibió una llamada de sus compañeros. “Román, el Sebin está aquí. Preguntan por ti”. Lo que vino después terminaría configurando otra agresión para el periodismo venezolano, una profesión golpeada por la crisis de institucionalidad.
El reportero siguió su trabajo en la cola. Pero vino la segunda llamada. Esta vez en tono más urgente. Al teléfono hablaba un funcionario y pedía su presencia en la sede del medio digital donde Camacho se especializa en sucesos policiales y política desde hace tres años. El motivo: averiguaciones. Camacho cuenta a El Carabobeño que la noche anterior, la del miércoles 22 de junio, una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) intentó llegar hasta su casa. Pero se equivocaron por dos cuadras.
Román dijo a sus compañeros de La Patilla que en minutos llegaría hasta la sede para hablar con los funcionarios que allí le esperaban. Por el camino iba pensando. “Seguro es por el trabajo de la morgue”. El periodista había logrado relatar otra crisis días antes: la del precario estado de la morgue de Bello Monte, donde al menos 40 cadáveres ingresan a diario sin que se cumpla el mínimo control sanitario.
Para su sorpresa no era de ese caso de que los funcionarios querían hablar. Le pidieron que los acompañara hasta la sede del Sebin del Helicoide. Román fue en su moto escoltado por las patrullas. Relata que lo primero que hicieron fue pedirle su teléfono. Los policías querían saber cómo obtuvo un vídeo que publicó en su cuenta de Twitter sobre el relato del atacante del Banco Central de Venezuela que resultó abatido el 20 de junio. Román estaba con el Sebin desde las 2:30 p.m. del jueves.
Lo tenían en una oficina calurosa. No había aire acondicionado ni ventilador. “Parecía una oficina acomodada con los muebles restantes de un ministerio”, relata. No había agua en los baños. En su lugar tobos. Cuando se percataron que el periodista no llevaba su teléfono personal consigo, sino el corporativo, comenzaron las intimidaciones. “Si no lo buscas será peor para tu familia. Una comisión va a tumbar las puertas de tu casa, revisar tu cuarto”, le dijeron. Así que accedió a acompañar al Sebin hasta su casa a buscar su teléfono personal.
Los funcionarios se sorprendieron. No era la casa de Román Camacho que tenían según datos de inteligencia. “Nos pelamos por dos cuadras, pero estábamos cerca”, le dijo uno al llegar. Camacho buscó el teléfono, le obligaron a apagarlo y guardarlo hasta llegar de nuevo al Sebin. Así evitarían que borrara el material.
En un momento al periodista le pidieron el teléfono para llevárselo de la sala. Dijo que no. El funcionario le repitió que uno de los comandantes quería revisar personalmente el aparato. “Si es conmigo viendo, está bien, todo lo que quiera, pero no voy a dejar que se lo lleven. Primero lo parto contra el piso”, dijo el periodista. La respuesta fue inmediata: “En ese caso peor para ti, porque de aquí no saldrás nunca” respondió uno del Sebin. Camacho no reveló sus fuentes nunca. Estuvo siete horas y 45 minutos detenido.
No fue el único. Al día siguiente los del Sebin fueron por Yosselin Torres, periodista de El Pitazo. Mismo procedimiento: interrogatorio por varias horas para saber de dónde vino el vídeo del atacante del BCV. Nada. Y al día siguiente otro más: el reportero Darvison Rojas, también de El Pitazo fue citado al Helicoide para declarar. No sin que faltara coerción y amenazas de por medio en ambos casos.
Venezuela es un punto rojo en el mapa. En el ranking de 2016 de Reporteros Sin Fronteras el país ocupa el puesto 139 en materia de libertad de expresión. Solo países como Libia, Cuba, Corea del Norte, Sudán y China están en categorías por debajo. La libertad de expresión, el acceso a la información y la seguridad de trabajadores de la prensa está en riesgo, dice el informe anual que degradó dos puestos al país desde 2015. “El presidente Nicolás Maduro hace su máximo esfuerzo para silenciar medios independientes”, explica el informe.
Se siente en las calles. Marianela Balbi es directora ejecutiva del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS). Dice que en lo que va de 2016 se han registrado 175 casos de violaciones a la libertad de prensa. Predominan las agresiones físicas contra periodistas. Las alertas que hace la Organización No Gubernamental (ONG) han crecido en 14 casos respecto con el mismo período de 2015. “Es un momento complejo para la libertad de expresión. Los derechos de periodistas están constreñidos” dijo en conversación con El Carabobeño.
Es más que empujones o arrebatones de una cámara. Balbi señala con preocupación una nueva práctica: la judicialización del ejercicio. El caso del Correo del Caroní, un medio sentenciado de forma arbitraria por publicar una serie de reportajes sobre la corrupción en empresas básicas de Guayana, terminó en una condena para el medio y su dueño. Al diario le han aventado excremento en la fachada de su sede, al igual que al diario El Nacional en Caracas.
Carlos Correa es director de la ONG Espacio Público. Advierte que el trabajo periodístico debe ser reivindicado. El periodismo es constructor de repúblicas democráticas. Existe una lógica de descalificación permanente contra medios y trabajadores de la prensa. Casos como los de Camacho, Torres y Rojas; pero también el de 19 periodistas agredidos el 19 de junio durante saqueos en Caracas, son parte de una política de irrespeto a las garantías por parte de los funcionario públicos. “Se pretende vulnerar el núcleo duro de la libertad de expresión y el ejercicio de periodismo”.
Al Poder le molesta el periodismo. Por eso abusa de sus facultades. La voluntad de quienes ejercen cargos públicos es que los periodistas no sigan cumpliendo su labor, explica Correa. El periodista resaltó que la reciente visita de Edison Lanza, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refuerza el debate sobre los alcances de la libertad de expresión y el papel que juega el Estado. El Estado debe desarmar la descalificación contra los profesionales, resolver la impunidad contra las agresiones y desmontar las restricciones de papel y concesiones que tienen los medios. Solo de esa forma el ejercicio de la profesión puede lograr mejoras, apunta Espacio Público.
Pese a las dificultades el periodismo se seguirá haciendo, dice Correa. En ello coincide Marianela Balbi. El entusiasmo por desenmascarar las mentiras del Poder es lo que impulsará a periodistas como Román Camacho a seguir trabajando, confiesa al final de su conversación con El Carabobeño “¿Que si esto va a afectar mi desempeño profesional?, no para nada”.
