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EFE

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó este martes, a pocos minutos de la medianoche, que el presidente Nicolás Maduro presente el presupuesto de 2017 ante la Sala Constitucional debido al “desacato” que la Asamblea Nacional (AN) mantiene ante las sentencias del máximo órgano judicial.

En un comunicado, el TSJ señala que esta decisión se adopta ante “la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional”, el deber “de honrar los postulados de separación y equilibrio” de poderes y “con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional”.


Asimismo, afirma que la decisión se fundamentó igualmente en “el desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional (AN), respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución”, además de en el estado de excepción y emergencia económica vigente en el país.

El Supremo indica además que el decreto de presupuesto “estará sujeto al control de la Sala Constitucional” del alto tribunal, “sin perjuicio de las atribuciones inherentes al Poder Ciudadano y a la contraloría social en esta materia”.

La remisión o no del presupuesto al Parlamento había generado estos días polémica entre el Gobierno venezolano y la oposición.

El Ejecutivo se aprestaba a aprobarlo sin la preceptiva revisión del Parlamento, de mayoría opositora, después de que la AN fue declarada en desacato por el Supremo por no cumplir sus sentencias en relación con el nombramiento de tres diputados opositores del estado Amazonas.

“Hemos asumido esta tarea de defender el presupuesto de la patria (…) que no puede quedar en manos de quienes quieren guerra, violencia, de quienes quieren someter a nuestro pueblo en una situación de penuria y de conflicto”, afirmó este martes en conferencia de prensa la ministra de la Mujer, Blanca Eekhout.

Eekhout aseguró que la oposición pretende dejar a Venezuela sin presupuesto para 2017 y “quitarle el derecho a los niños de tener acceso a la educación” y que los ciudadanos en general no puedan aspirar a una vivienda del programa estatal de asignación.

Sin embargo, el presidente de la Subcomisión de Presupuesto del Parlamento, el opositor José Guerra, advirtió también hoy de que si el Gobierno aprobaba el plan de ingresos y gastos del Estado sin presentarlo ante la Cámara antes del 15 de octubre “se estaría cometiendo una ilegalidad” que iría contra la Constitución.

Guerra subrayó que, de producirse esa “irregularidad”, todos los gastos de la política fiscal y créditos públicos serían declarados nulos.

“Aquel funcionario que aprobara la ejecución de ese presupuesto estaría a merced de sanciones porque está incurriendo en las leyes venezolanas, aquí no se puede aprobar ni un bolívar legalmente si la AN no aprueba el presupuesto”, dijo.

Maduro anunció la semana pasada que consultaría al Supremo sobre una vía para aprobar el presupuesto sin necesidad de someterlo a la discusión del Legislativo, pese a que la Constitución únicamente atribuye esa facultad al cuerpo de diputados.

El presidente venezolano afirmó incluso que él mismo podía decretar la aprobación del presupuesto anual en el marco del decreto de estado de excepción y emergencia económica, que rige en el país desde hace meses y que le otorga facultades extraordinarias.

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