AFP
Venezuela vive otro capítulo del
conflicto de poderes en que está enfrascada desde hace diez meses: el
presidente Nicolás Maduro aprobó por decreto este viernes el presupuesto
nacional, desconociendo al parlamento de mayoría opositora.
Ante cientos de partidarios, Maduro firmó las cuentas que regirán la
administración económica y financiera del Estado para 2017, tras recibir
autorización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la
oposición acusa de servir al gobierno.
El TSJ ha bloqueado todas las iniciativas del parlamento, dominado
desde enero por la oposición por primera vez en 17 años de hegemonía
chavista.
¿Por qué la justicia dio vía libre a Maduro?
Hace
dos días, el TSJ le quitó al Legislativo una facultad constitucional
según la cual «la ley especial de endeudamiento anual será presentada a
la Asamblea conjuntamente con la ley de presupuesto».
«Estamos entrando en una ruptura del orden democrático. La crisis
política está dentro del Estado y lo ha roto por dentro con el
desconocimiento de las decisiones legislativas», aseguró el politólogo
Luis Salamanca.
El TSJ determinó que el parlamento está en desacato porque su
directiva juramentó a tres diputados opositores cuya elección estaba
suspendida por una demanda de fraude del oficialismo, hasta ahora no
resuelta.
En la sentencia que autorizó a Maduro a decretar el presupuesto,
revelada por el propio presidente, el TSJ reiteró que todos los actos de
la Asamblea serán nulos mientras permanezca en desacato.
Para el abogado constitucionalista Jesús Silva, hay una
«autodisolución» de la Asamblea por su «propia infracción jurídica» y no
puede tramitar el prepuesto, ante lo que el poder judicial debe suplir
esa omisión legislativa.
¿Qué validez tendrá ese presupuesto?
El
constitucionalista José Ignacio Hernández aseguró a la AFP que se trata
de un presupuesto «de facto» o «paralelo», por lo que los compromisos
derivados de éste no tendrán soporte legal.
«Ese prepuesto no tiene validez jurídica y podrán desconocerse los
gastos, compromisos y contratos celebrados en ejecución de ese
contrato», aseguró.
Agregó que por ley el parlamento deberá ejercer el control del
presupuesto y requerir información económica para determinar su buen
manejo, en tanto que la Sala Constitucional del TSJ no tiene ni las
facultades ni experticia técnica para asumir esa función de vigilar y
garantizar el uso y desempeño transparente de las partidas.
¿Qué implicación tiene para el país?
Los
analistas económicos advierten que esta situación limitará la capacidad
del gobierno de contraer deuda, en un país golpeado por el desplome de
los precios del petróleo, fuente del 96% de sus ingresos, y altamente
dependiente de las importaciones de alimentos, otros productos básicos e
insumos.
El analista económico Jesús Casique señaló a la AFP que esto generará
inseguridad jurídica e inestabilidad, lo que afectará la imagen del
país en los mercados internacionales. «Va a afectar el nivel de riesgo
país de Venezuela, que es de los más altos del mundo», apuntó.
«Cualquier litigio futuro sería resuelto por el tribunal extranjero
que conocería de cualquier reclamo contra la República, y ese tribunal
puede considerar que el presupuesto no es válido», aseguró Hernández.
