Luis Alejandro Borrero / @LABC7 / lborrero@el-carabobeno.com
Inti Rodríguez recibió una llamada. Era una líder de un Consejo Comunal en Guatire. El relato indignado fue una confirmación para el investigador del Programa de Educación y Acción de Derechos Humanos (Provea). A la mujer la habían excluido de una lista para recibir bolsas de comida por haber firmado para activar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. “Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) están empujando a Venezuela hacia un estallido social”, asegura el coordinador de investigación de Provea.
El descontento no muestra curva negativa. Todo lo contrario. Cada vez son más frecuentes los saqueos y la conmoción desde su creación, advierte Rodríguez. Los CLAP son una figura inconstitucional. No están amparados por la Constitución, señaló. “Lo que hacen es venir a añadir más obstáculos para la garantía del derecho a la alimentación en Venezuela”. Lo único que los sostiene es un decreto de excepción que, espetó, también es inconstitucional.
Se busca un objetivo muy preciso: el control social. Y se ejecuta a la perfección. Los CLAP promueven una política de exclusión. Quienes no están de acuerdo con el proyecto de Maduro no reciben las bolsas de comida llevadas a la puerta de la casa: la metodología de los comités. Rodríguez recordó que además las cadenas de producción están en manos del Gobierno. Muchas están militarizadas y no ha habido capacidad de políticas públicas para resolver el problema grave de acceso a comida. Derechos económicos, sociales y culturales son aplastados por los CLAP.
La idea del Gobierno no resolvió el problema de abastecimiento. Ni lo hará, augura el investigador de la Organización No Gubernamental (ONG). El resultado es una situación de desespero colectivo. “Los CLAP aumentan la conflictividad. Están llevando a Venezuela al borde”. No son más que una erosión a la garantía del derecho a la alimentación.
En Carabobo no está claro cuántos comités fueron creados. La última entrega, divulgada por el gobierno regional el 18 de junio, informa que fueron beneficiadas 12 mil familias de 32 comunidades. Entre ellas Puerto Cabello y Miranda, municipios del norte y oeste del estado. En Montalbán fueron beneficiadas mil 509 familias en cuatro comunidades. Si en promedio cada una tiene cuatro integrantes significa que la jornada solo llegó al 21,77% de la población del municipio Montalbán, de acuerdo con la proyección del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Preocupa lo que se pueda venir. Rodríguez avizora que el brazo armado del Gobierno, a través del decreto de excepción, pone la democracia en vilo. Las garantías penden de un hilo ante la posible conflictividad que pueda desatarse por la falta de acceso a la comida. La ONG, dice Rodríguez, apuesta a que la crisis pueda resolverse de manera pacífica.
