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El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos
Humanos (Provea), señaló en un comunicado, que la Resolución promovida por el
Ministerio del  Poder Popular para el Proceso Social Trabajo la cual establece “Régimen
Laboral Transitorio” (RLT) significa la derogación de la libertad de trabajo amparada
por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

La organización indicó, además, que esta decisión también
pasa por encima de la Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Trabajadoras
(LOTTT), la Ley del Estatuto de la Función Pública y la Declaración Universal
de Derechos Humanos, entre otras. 

La primera resolución de la norma expresa la decisión de
dictar un RLT con dos características: obligatorio y estratégico, el cual debe
cumplirse en todas las entidades de trabajo del país
(públicas, privadas, de
propiedad social y mixtas), esto con el fin de contribuir con el reimpulso
productivo del sector agroalimentario. De esta manera,  los trabajadores disfrutarían de inamovilidad
laboral en sus empresas de origen, quedando de parte de sus nuevos empleadores
el pago de salarios y otros beneficios laborales. Al establecer efectos obligatorios, deja una preocupante laguna legal en cuanto a las
sanciones para quienes se nieguen a ser reubicados
, la cual pudiera generar
actuaciones discrecionales.

Asimismo, Provea expresó que la Constitución establece la independencia y
la libertad como derechos irrenunciables (artículo 1), la prohibición de
servidumbre (artículo 54), la libertad de trabajo sin restricciones (artículo
87), y la protección del hecho social trabajo respetando la progresividad e
intangibilidad de los derechos y beneficios laborales, declarando nula toda
acción que menoscabe sus derechos (artículo 89). También la Declaración
Universal de Derechos Humanos reconoce el derecho a la libre elección del
trabajo, el Convenio 29 de la OIT prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio.

Por otra parte, según
el Informe Anual de Provea, el 40,1% de los trabajadores se encuentran en el
sector informal, y de acuerdo a cifras del INE, la población desocupada al mes
de diciembre de 2015 fue del 6%, es decir, 839 mil 702 personas con disponibilidad
para trabajar, entonces ¿Por qué no impulsar la capacitación y reinserción
laboral de esta población (informales y desempleados)
como parte del plan de
reimpulso agroindustrial, en vez de disponer de trabajadores ocupados lo
que a su vez afectaría el desenvolvimiento de otras áreas de la economía al
mermar el personal de empresas privadas y entes públicos?.

En la misiva Provea expresa que esta norma,
significa la suspensión del derecho a la libertad de trabajo,
profundizando la
ruptura del hilo constitucional denunciado por 30 organizaciones de derechos
humanos el pasado 13 de mayo. 

Por último, la institución sentenció, que el
Estado quien decide unilateralmente sobre el trabajo temporal de los
trabajadores públicos o privados “elegidos” para combatir la “guerra
económica”, en condiciones laborales inciertas y bajo la amenaza de ser
sancionados si se niegan a ser reubicados.

NDP

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