Basyl Macías
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) exige al Ministerio Público (MP), investigar al gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, por intentar encubrir la presunta ejecución policial de los ciudadanos Efraín Alexis Figueroa Sumoza (55) y de su sobrino Guiornathan Alexis Mirelis Figueroa (31), en hecho ocurrido el pasado 23 de octubre de 2015, sector El Samán, municipio Guacara, estado Carabobo, en el Operativo de Liberación del Pueblo (OLP).
Provea publicó este viernes 29 en su portal, un artículo en el que reseña con detalles el caso llevado por el Ministerio Público, del asesinato de estos dos ciudadanos, a manos de funcionarios de la policía de la referida entidad, Juan Carlos Bonilla Ascanio, Andi José Brea Alvarado y Humberto Israel Contin Rodríguez, quienes fueron detenidos este 18 de julio, por su presunta responsabilidad en la muerte de Efraín Alexis Figueroa Sumoza y Guiornathan Alexis Mirelis Figueroa.
El Ministerio Público informó que en la audiencia de presentación los Fiscales 39º Nacional y 28º del estado Carabobo, Adriana Valdez y José Antonio López, respectivamente, imputaron al oficial Bonilla Ascanio, al supervisor agregado Brea Alvarado y al oficial agregado Contin Rodríguez, por los delitos de homicidio calificado con alevosía y uso indebido de arma orgánica.
El Tribunal de Control ordenó la privativa de libertad y la reclusión de los tres funcionarios en la comandancia general de la policía regional de Carabobo.
No obstante, el 23 de octubre de 2015, el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, informó que durante el despliegue del OLP en Guacara el ciudadano Alexis Mirelis Figueroa, había resultado asesinado luego de “enfrentarse” a tiros con una comisión de la Policía de Carabobo. Ameliach dijo: “Este ciudadano portaba un revólver 38 marca Taurus, con el cual hizo frente a la comisión y que fue recuperado en el sitio. Seguiremos firmes en la defensa de nuestro pueblo, para defender sus derechos humanos y preservar la paz de nuestro pueblo, liberándolo del hampa y erradicando prácticas de criminalidad importadas como el paramilitarismo”. Sobre el ciudadano Efraín Alexis Figueroa Sumoza, el gobernador no hizo referencia alguna en su declaración.
El 24 de octubre de 2015 los familiares de Figueroa Sumoza denunciaron que este ciudadano había sido ejecutado por funcionarios de la Policía de Carabobo. Los denunciantes afirmaron que la víctima era un líder comunal, defensor de derechos humanos y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y que había sido atacado en su vivienda por los agentes de la fuerza pública que actuaron en el operativo realizado en el sector El Samán.
“Un funcionario se le acercó y le disparó a quemarropa. Después que cayó al piso lo arrastró por los pies y varios funcionarios de los cuerpos de seguridad lo subieron a la patrulla mientras él gritaba clamando por su vida”, declaró a El Nacional, Ana Vitriago, familiar de la víctima.
Inicialmente Figueroa Sumoza había sido herido en el abdomen, y al ingresar sin signos vitales al hospital de Guacara, presentaba otra herida por arma de fuego en la cabeza.
Según declararon los testigos del hecho, Figueroa Sumoza habría reclamado a los funcionarios policiales por los atropellos cometidos contra los habitantes de la comunidad.
“El Ministerio Público inició la investigación del hecho y, tras la práctica de diversas diligencias y experticias por parte de la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, solicitaron las órdenes de aprehensión para Bonilla Ascanio, Brea Alvarado y Contin Rodríguez, las cuales fueron acordadas por la citada instancia judicial.
Ahora Provea requiere que este caso sea investigado, al afirmar que el gobernador Francisco Ameliach presenta información falsa a la opinión pública e intentó justificar estos asesinatos.
“Ameliach señaló que una de las víctimas había sostenido un enfrentamiento con los cuerpos de seguridad, hecho desmentido en las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público y constatado por el Tribunal 7º de Control del estado Carabobo que ordenó la privación de libertad de los policías involucrados en los hechos”, puntualizan.
