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Luis Alejandro Borrero| @LABC7

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A los vecinos les consume el desespero. Llegan al mercado y ya se lo han llevado todo. Hay quienes están allí mucho antes que los que viven y compran en Naguanagua. Los revendedores acaban con todo y se lo llevan a otros municipios para sacarle provecho, explica Dinorah Cudemos, presidenta de la comisión de legislación del concejo municipal. Define como una negligencia criminal lo que ha permitido el Gobierno con la crisis alimentaria. ¿Pero puede haber un instrumento que regule las compras en mercados solo a residentes de una zona?

Es lo que se intenta. El oficialismo, personificado en el concejal Gerardo Ramírez, propuso la aprobación de la ordenanza de abastecimiento, comercialización, y distribución de artículos regulados por el Gobierno Nacional y Bienes de Consumo Masivo. Independientemente de su tinte político tenemos observaciones. Hay aspectos jurídicos que impiden su aplicación, dijo Cudemos.

Venezuela está en estado de excepción. El decreto hecho en mayo de 2016 sigue vigente. El Gobierno se guarda el derecho para aplicar las medidas en contra de lo que denomina bachaqueo. Eso, agregado a que solo la Superintendencia de Derechos Socioeconómicos a través de la Ley de Precios Justos, hace al concejo de Naguanagua incompetente para legislar en la materia.

Esquema de compras

Se pretendía que en mercados como Kromi de Mañongo, EcoMarket, Bio Mercados y Central Madeirense se aplique el siguiente esquema: en la mañana podría comprar cualquier persona —viviera en el municipio o no—. Pero en la tarde se guardaría un porcentaje de los productos regulados solo para quienes a través de un carné demostraran que viven cerca del establecimiento.

La posición de la Cámara —dominada por la oposición— es muy clara. No se puede legislar excluir. Es inaceptable que se apruebe una ordenanza como esta; porque sería la confirmación que el problema de escasez y abastecimiento de alimentos (y otros) no será algo pasajero. Cudemos agregó el jueves en conferencia de prensa que el concejo no puede pasar por encima de la Superintendencia y del Ejecutivo que aún aplica el decreto de excepción. Podría incluso considerarse un boicot institucional.

Todo es, desde el principio, un modelo copiado. En el Municipio Valencia se hace. Allí los vecinos organizados de lo que se conoce como el Gran Trigal (Norte, Sur y Centro) y sectores de La Trigaleña se reunieron con la Superintendencia y elaboraron su propio modelo de distribución. La diferencia es que allí lo avala un organismo del Ejecutivo y amparado por la Ley de Precios Justos, no una cámara de legisladores locales. “Lo que podríamos hacer es un documento en acompañamiento con los Consejos Comunales. Pero el proyecto de ordenanza es muy ambicioso”. El concejo municipal no puede —no tiene cómo— resolver la producción, distribución y abastecimiento de productos regulados.

Se discutió la ordenanza igualmente. Pero se hizo bajo protesta de los opositores. No debe ser visto como un menosprecio a una propuesta del chavismo, dijo Cudemos, quien felicitó el esfuerzo que hizo el concejal Ramírez por buscar una solución. Es que simplemente la institución municipal es incompetente para hacerlo. Calificó como una ingenuidad decir que a Naguanagua llegan cuatro veces más los productos que necesita la población pero que termina en manos de bachaqueros por falta de un instrumento jurídico. “Que le pregunten a los vecinos si creen que eso es así, si ellos tienen suficiente comida”. La ordenanza terminará siendo negada.

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