Zaida D. Arias Molina
Los funcionarios policiales que reprimieron las manifestaciones de calle
convocadas el pasado 26 de octubre por la oposición, deben ser juzgados por
tortura, tratos crueles e inhumanos y alevosía, el exigió defensor de derechos
humanos Rafael Narváez.
El exparlamentario denunció, en rueda de prensa, que la actuación
policial violentó el artículo 68 de la Constitución, que establece la
prohibición de gases tóxicos y armas de fuego para reprimir manifestaciones
pacíficas. Como ejemplo que en los estados Zulia y Aragua, la policía le disparó
estudiantes, y en Aragua varios uniformados arremetieron contra una ciudadana
que buscaba resguardarse durante la protesta. También repudió la represión
ejercida por la Guardia Nacional.
Narváez observó que esas acciones dejaron un escenario de “debilidad
jurídica” a los ciudadanos que ejercen el derecho constitucional como es la
protesta. “Estamos en presencia de un Estado opresor, y mientras tanto el
Estado de Derecho dejó de existir, menos aún separación de poderes. Se darán
grandes manifestaciones donde las
tendencias políticas van a intervenir, y el débil jurídico es el
manifestante, que plantea la necesidad de que se haga una consulta popular a
través del voto, para dirimir
conflictos políticos y sociales, pero que no llegue a consecuencias
mayores”.
Al respecto, solicitó a los fiscales generales de Zulia y Aragua iniciar
averiguaciones penales y dictar privativa de
libertad contra funcionarios implicados en el ataque armado contra
estudiantes y actos en el que resultó herido el padre José Palmar.