EFE
El
presidente del Parlamento venezolano, el opositor Henry Ramos Allup,
aseguró este viernes que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ, Supremo) emitirá una sentencia con «el asesinato» del referendo revocatorio presidencial que impulsa la oposición.
El parlamentario indicó que el próximo martes el TSJ se reunirá en
pleno para abordar dos puntos, uno de los cuales será el de una
sentencia que impida la realización del proceso de recolección de firmas
del 20 % de apoyos necesarios para el revocatorio, prevista para el 26,
27 y 28 de octubre.
«Como el Gobierno sabe y teme que esa va a
ser una jornada multitudinaria en la que millones de venezolanos van a
concurrir a los centros para manifestar su voluntad de revocar a este
Gobierno, quieren atajar, impedir el proceso antes y lo harían mediante
esta sentencia», explicó Ramos Allup desde el estado Anzoátegui (este).
Según el diputado opositor, la base de la sentencia es la denuncia
presentada por el dirigente nacional del gobernante Partido Socialista
Unido de Venezuela
(PSUV), Jorge Rodríguez, en la que aseguró que la oposición cometió
fraude en el proceso de recolección de firmas del 1 % del registro
electoral venezolano.
«Los voceros del Gobierno insisten en el
hecho de que en la recolección de firmas, antes de la validación,
hubiese habido supuesta usurpación de identidades (…) la sentencia
deriva que la afectación anterior contaminó todo el proceso y, como
consecuencia, no se puede proceder a recabar las voluntades el 26, 27 y
28 de octubre, sino que el proceso es nulo en su totalidad», dijo Ramos
Allup.
Asimismo, agregó que la otra sentencia que el Supremo
estaría «preparando» es una en la que consideraría «incursos en una
especie de traición a la patria» a él y al diputado opositor Luis
Florido, quienes han recurrido a organismos internacionales para
denunciar al Gobierno venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, por
supuestas violaciones a las leyes.
«Lo que pretenden es que no
sigamos criticando las instituciones como el mismo Tribunal, que se ha
convertido en una especie de oficina de bufete jurídico del Gobierno
para consumar nada más y nada menos que las violaciones constantes de la
Constitución que se han hecho por acciones del Poder Ejecutivo»,
aseveró.
