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EFE

La procuradora general (fiscal) de México, Arely Gómez, aceptó este miércoles la renuncia de Tomás Zerón de Lucio al cargo de director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), cuya remoción exigían los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014.

La Procuraduría General de la República (PGR) indicó en un boletín que Gómez “reconoció los esfuerzos de Zerón de Lucio al frente de la AIC, que integra tres áreas sustantivas de la institución como son la Policía Federal Ministerial, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia”.

Asimismo, añadió el texto, la fiscal “le deseó éxito en sus proyectos personales y profesionales”.

Los familiares de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 exigían la destitución de Zerón, a quien acusan de “ocultamiento de la verdad” en las pesquisas del caso.

El pasado 18 de agosto, los padres anunciaron la ruptura del diálogo con el Gobierno hasta que se produjera la salida del director de la AIC.

Con los avances de la investigación que la PGR ya tiene sobre una diligencia emprendida por el funcionario que no está registrada en el expediente del caso “hay elementos suficientes como para separarlo de su cargo”, aseguró entonces a Efe el portavoz de los familiares, Felipe de la Cruz.

“Para nosotros está claro que (Zerón) forma parte del ocultamiento a la verdad, y mientras él siga al frente de esta dependencia, no confiamos en el trabajo de la PGR”, aseveró.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para asistir en las investigaciones mostró a los medios en abril un video sobre la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 por Zerón junto a uno de los detenidos por el caso en el río San Juan.

Fue allí donde, según la versión oficial, miembros del cártel Guerreros Unidos arrojaron las cenizas de los jóvenes tras asesinarlos e incinerar sus cuerpos en un vertedero de basura en el municipio de Cocula, estado sureño de Guerrero.

También fue allí donde el 29 de octubre de 2014, según el expediente oficial, buzos de la Marina encontraron una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a uno de los 43 jóvenes.

Una foto divulgada por el GIEI muestra que esa bolsa fue etiquetada con fecha 28, algo que Zerón atribuyó en su momento a un error de la perito responsable de marcarla.

El funcionario dijo entonces que todo fue legal y que su presencia en el lugar obedeció a un acto de investigación policial previo a “una diligencia ministerial, la cual se desarrolló al día siguiente”.

La presencia de Zerón en el sitio y el supuesto error de etiquetado generaron suspicacias de que la bolsa hubiera sido colocada por el funcionario para apuntalar la versión oficial de los hechos, que los padres no aceptan.

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