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El lunes circuló por las redes sociales un vídeo en el que se
veía a un grupo de jóvenes con otro, golpeado y sometido, al que le cortaron el
dedo índice derecho. “En el momento en el que usted grite duro, que se vuelva
loca gritando, le vamos a meter este cuchillo”, amenazó el hombre que grababa
la escena.

De acuerdo con información policial, el vídeo procede de los
calabozos del Cuartel de Prisiones de la Policía del estado Táchira, lugar en
el que desde el jueves 8 de septiembre un grupo de los reclusos retuvo a 11
personas, entre ellas a dos funcionarios del cuerpo policial y el resto mujeres
que habían ingresado en calidad de visita.

El vídeo, que se volvió viral, además de demostrar el control
que posee el grupo de reclusos sobre sus pares, también develó un sistema de
extorsión parecido al que existe en los centros penitenciarios del país. Cada
familia debe pagar Bs. 1.000 por semana para garantizar que su ser querido
detenido permanezca con vida; a esto llaman “pagar la causa”.

A la víctima que
aparece en el vídeo le habían solicitado presuntamente Bs 600.000. Sus
parientes habrían cancelado solo Bs 400.000; el resultado fue la mutilación.

Según funcionarios de Politáchira con los que pudo conversar
Efecto Cocuyo, el joven mutilado del video sería un colombiano detenido por
presuntas acciones paramilitares. “A los paracos los teníamos aislados porque
los presos venezolanos les tienen rabia. Los paramilitares mandan a matar a los
ladrones y en la cárcel pueden matarlos si capturamos a un paraco”, explicó un
efectivo.

Agregó que presumen que hayan asesinado a uno de los
detenidos, pues el fin de semana los delincuentes pidieron un saco de cal. Este
material de construcción suele ser usado para retardar la putrefacción. Los
funcionarios señalaron que los reclusos poseen un arma 9mm y temen que asesinen
a sus compañeros, los oficiales Leivy Sira y Miguel Ángel Muñoz, o a las ocho
mujeres que permanecen como rehenes.

Hasta la fecha, las
autoridades no han dado una respuesta efectiva a la situación.
Solo una mujer embarazada fue
liberada por los delincuentes, quienes esperan que sean trasladados hacia el
penal del estado Aragua conocido como Tocorón. En ese internado habría estado
preso el líder del motín, apodado “El Grillo”. También solicitan visitas
conyugales y otros beneficios.

“Le suplicamos a la ministra para Servicios Penitenciarios,
Iris Varela, que se traslade a los calabozos de la Policía del Táchira y evite
algo peor que quitarle el dedo a un detenido, que evite que le quiten la vida a
uno de los detenidos secuestrados, y que Dios no lo quiera, a uno de los dos
policías secuestrados”, declaró el diputado Franklin Duarte, miembro de la
Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. (LSN)

Con información de
Efecto Cocuyo 

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