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EFE

El ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, informó este viernes que su departamento está analizando la incidencia delictiva de todos los estados del país para definir una nueva política de seguridad en la nación, que registra altas tasas de criminalidad.

“Estamos analizando estado por estado para definir una política acertada de seguridad ciudadana (…) estamos evaluando toda la incidencia delictiva, cómo se comporta la georeferenciación del delito”, aseveró el funcionario durante un acto en el que activó un despliegue policial en el estado Miranda.

El ministro, que fue designado para el cargo la semana pasada, explicó que también están revisando planes de seguridad lanzados por anteriores titulares de la cartera entre los que citó el plan de patrullaje inteligente y el de vigilancia de cuadrantes.

Sobre este último plan comentó que lo ajustarán para, señaló, llegar “dentro del cuadrante a unas microáreas donde se incrementa la incidencia delictiva, (donde) es necesario colocar medidas activas y pasivas de seguridad”.

Respecto a los despliegues policiales implementados el último año denominados Operación de Liberación del Pueblo (OLP) adelantó que continuarán aplicándolos en una nueva fase que está en proceso de revisión.

Estos operativos, criticados por la oposición y la fiscalía, consisten en redadas con allanamientos a viviendas, áreas residenciales, inspecciones, y detenciones en medio de fuertes despliegues policiales y militares en zonas especiales elegidas por las autoridades.

El pasado 20 de julio en una entrevista con el canal Venevisión, la fiscal general Luisa Ortega Diaz, dijo que las OLP han impactado negativamente en la colectividad.

“Nos preocupan las OLP por la cantidad de denuncias que hemos recibido en el Ministerio Público sobre todo por las violaciones de derechos humanos”, señaló Ortega y agregó que “combatir violencia con violencia es contraproducente”.

El ministro ordenó el despliegue de 630 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) a lo largo de una carretera de 177 kilómetros que une a Miranda con el estado Anzoátegui para atender la criminalidad y violencia que se registra en la zona.

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