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EFE

El Senado
de Brasil decidió este miércoles mantener los
derechos políticos a Dilma Rousseff
, minutos después de haberla destituido de
la jefatura del Estado en el marco de un juicio político.

En la votación, 42 senadores se inclinaron por inhabilitar a Rousseff, 36
votaron a favor de mantenerle los derechos y 3 se abstuvieron, por lo que no se
alcanzó los 2 tercios (54 votos) de la Cámara alta necesarios para aprobar este
tipo de mociones.

En la votación que Rousseff perdió el cargo, 61 senadores votaron a favor de la
salida de la presidenta y 20 se manifestaron en contra.

Hace meses, poco antes de ser suspendida de sus funciones, Rousseff dijo que
sería una carta fuera de la baraja política en el caso de que fuera despojada
de su cargo.

Si hubiera perdido los derechos políticos, no podría ocupar ningún cargo
público durante ocho años, lo que incluye tanto puestos electivos como
cualquier trabajo en empresas públicas.

Antes de la votación, el presidente del Tribunal Supremo, Ricardo Lewandowski,
advirtió que si Rousseff fuera inhabilitada, no podría ni siquiera ser
profesora o trabajar en un merendero en una escuela pública.

La votación de la destitución y de la inhabilitación de Rousseff se realizó por
separado a petición de última hora del Partido de los Trabajadores (PT), formación
de la ahora exmandataria, que fue aceptada por el presidente de la Corte
Suprema, que presidió el juicio político como garante constitucional.

La decisión del presidente del Supremo causó una polémica entre los senadores.

Entre ellos, el expresidente Fernando Collor de Mello se quejó de que se le
haya dispensado un trato diferente a Rousseff del que él recibió en 1992,
cuando renunció a la jefatura del Estado horas antes de ser destituido en un
juicio político similar.

El Senado halló culpable a Rousseff de haber incumplido la ley de
responsabilidad fiscal, por haber emitido tres decretos que alteraron los
presupuestos sin autorización del Congreso y porque el Gobierno tomó créditos
de la banca pública, lo que está prohibido por ley. 

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