EFE
La expresidenta brasileña Dilma Rousseff, quien fue destituida esta semana, afirmó este viernes que seguirá «luchando» en la justicia, denunciando el «golpe parlamentario» que dice haber sufrido, y admitió que, de momento, no tiene «un proyecto político».
Rousseff, junto a su abogado, José Eduardo Cardozo, declaró a corresponsales extranjeros que se propone «recurrir en todas las instancias» contra su destitución a fin de demostrar su inocencia y dijo que los próximos pasos los dará en la Corte Suprema de Brasil, ante la que ya presentó una apelación este jueves.
Esa primera acción exige anular la votación del Senado en que fue destituida, al menos hasta que el propio tribunal se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la sentencia.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso y atrasos en depósitos que el Estado debía hacer en la banca pública para costear diversos planes del Gobierno, que, según sostuvo la acusación, acabaron por convertirse en créditos y generaron costosos intereses.
Cardozo precisó que los dos nuevos recursos estarán centrados en que, según su opinión, «no se respetó el derecho al debido proceso» en el Senado, constituido en tribunal, y en lo que calificó de «ausencia de justa causa».
En el primer caso, citó como ejemplo de violaciones al derecho del debido proceso el hecho de que «varios senadores declararon su intención de condenar incluso antes de la fase de producción de pruebas», lo cual va en contra de «todas las normas jurídicas».
Sobre las supuestas irregularidades fiscales que justificaron la acusación, Cardozo insistió en que «son sólo un pretexto» y no configuran los «presupuestos jurídicos» que la Constitución y las leyes contemplan para destituir a un mandatario.
Rousseff también dijo que bregará por conservar sus derechos políticos, que si bien le fueron mantenidos por el Senado, eso fue decidido en una votación separada a la que sentenció su destitución y que ahora ha sido apelada por los partidos de la base del nuevo presidente, Michel Temer.
Cardozo adelantó que contestará la acción intentada en la Corte Suprema por los partidos que respaldan a Temer para retirarle los derechos políticos a la exmandataria y hasta se valió de una cierta ironía para explicar su tesis.
El abogado citó un artículo escrito hace algunos años por quien calificó como «el ilustre constitucionalista Michel Temer», en el que el ahora presidente de Brasil dice que la pena de destitución de un mandatario no necesariamente implica la pérdida de esos derechos.
Sobre su futuro inmediato, Rousseff admitió que no tiene «ningún proyecto muy claro ni elaborado», pero aclaró que «no existe sólo la política partidaria».
Según Rousseff, «hacer política es pensar en los otros, es la disposición a contribuir en lo personal para que Brasil sea un país más justo, más democrático», pero subrayó que carece de «proyectos políticos electorales».
Aún sin un proyecto definido, insistió en que no cesará en su «lucha» por «evitar que los brasileños sean despojados de derechos sociales conquistados» en los últimos años y por «recuperar la calidad» de la democracia brasileña.
«La democracia ha sido juzgada conmigo», declaró Rousseff, quien sin embargo dijo que el orden democrático «puede ser reconstruido».
También agradeció la «solidaridad» que ha recibido de algunos Gobiernos latinoamericanos, entre lo que citó a los de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que manifestaron su «condena» a lo que califican de «golpe» y llamaron a consultas sus embajadores en Brasil.
También dijo «entender» que otros países, entre los que citó a Chile, no hayan sido más enérgicos o hayan reconocido al Gobierno de Temer, que ella califica de «ilegítimo» y «usurpador».
«La solidaridad tiene diversas graduaciones y las entiendo, pues a veces incluso dependen de las situaciones internas en cada país», dijo.
