EFE

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acusó este viernes al Gobierno venezolano de no ofrecer las debidas garantías al ejercicio del periodismo y negar el ingreso al país de periodistas internacionales para la cobertura este jueves de la marcha «Toma de Caracas».

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, condenó la prohibición de entrada en el país suramericano de numerosos periodistas internacionales y aseguró que «esta situación desenmascara el lado autoritario del Gobierno venezolano, alejado de estándares democráticos».

El miércoles pasado las autoridades migratorias negaron el ingreso al país a los corresponsales Jim Wyss, de The Miami Herald, y John Otis, de la radio pública NPR y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), de Estados Unidos.

También se le negó la entrada a Marie-Eve Detoeuf, del diario francés Le Monde; César Moreno, de Caracol Radio, y Dora Glottman, de Caracol TV, de Colombia, según denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

Todos ellos tenían previsto dar cobertura a la movilización celebrada este jueves en Caracas para pedir la activación de un referendo para revocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, una marcha que, según la oposición, reunió a más de un millón de personas.

Tampoco se le permitió ingresar al país a un equipo periodístico de la cadena de televisión Al Jazeera procedente de Argentina e integrado por la periodista Teresa Bo, la productora Lagmi Chávez y el camarógrafo Mariano Rosendi.

Según las autoridades venezolanas, los periodistas no contaban con los permisos necesarios para realizar el trabajo periodístico.

Por su parte, el canal de Noticias NTN24 denunció que su equipo periodístico, técnico y de producción en Venezuela ha recibido amenazas verbales por parte de los llamados «colectivos oficialistas». Entre los periodistas intimidados se encuentran Daniella Zambrano, Nicole Kolster y Óliver Fernández.

La SIP también denunció este jueves un acto de intimidación contra la sede del diario venezolano El Nacional, en el decimotercer ataque a sedes de medios de comunicación en el país suramericano en lo que va de año.

Manigault sostuvo que «el Gobierno de Nicolás Maduro nunca dejó sus actitudes autoritarias» y se opone a la libertad de los periodistas para desarrollar su labor, «de la misma forma que no permite el ingreso de supervisores electorales y activistas de los derechos humanos».

A principios de agosto, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, alertaron del continuo deterioro de la libertad de prensa en Venezuela.

La SIP también recordó las dificultades de insumos de papel y acoso que enfrentan numerosos diarios venezolanos, entre ellos El Carobobeño, que, aunque desde hace cinco meses suspendió su versión impresa, hoy celebra su 83 aniversario con una edición especial dedicada al análisis del desempeño de la libertad de expresión en el país.




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