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La Sociedad Interamericada de Prensa (SIP) dictó una resolución sobre Venezuela, en la que solicitó al Gobierno bolivariano “derogue y/o modifique” la norma que “amenaza” el funcionamiento de más de medio millar de radioemisoras y la condena del cierre de la versión impresa del diario El Carabobeño.

En el texto aprobado este lunes en Punta Cana se perciben actos por parte de las autoridades que “impide el libre ejercicio del periodismo”.

Los medios de comunicación independientes se ven sofocados por una política restrictiva de la libre circulación de la información que va desde censura indirecta para obstaculizar el acceso al papel y otros insumos imprescindibles para los medios impresos, hasta medidas judiciales contra los propietarios y directivos de medios impresos, radioeléctricos o digitales.”

La única respuesta del gobierno es un gasto creciente en propaganda y contra propaganda, espionaje y amedrentamiento de adversarios políticos, cuando no se les inhabilita políticamente o se los empuja al exilio mediante medidas judiciales arbitrarias.

Caso de El Carabobeño

En este primer trimestre del año resalta el caso de El Carabobeño, diario con sede en Valencia, Estado Carabobo, que circulara ininterrumpidamente desde su fundación en 1933 hasta el pasado 17 de marzo cuando detuvo su rotativa por falta absoluta de papel, luego que los representantes del periódico no pudieron llegar a un acuerdo con la Corporación Maneiro, monopolio estatal del papel.

Alrededor de 80 periódicos del país se enfrentan a la eventualidad cercana de detener sus rotativas. Los diarios La Costa y La Mañana del estado Falcón también dejaron de circular.

El Impulso, tradicional diario de Barquisimeto, el más antiguo del país, fundado en 1904, anunció que en menos de un mes dejará de circular por no tener acceso al papel controlado por el gobierno. 

Resalta el caso de El Nacional de Caracas, al que la Corporación Maneiro siempre le cerró las puertas. El 9 de diciembre, el presidente Maduro con un ejemplar del diario en sus manos pretendió soliviantar al pueblo contra el medio: “El pueblo de Venezuela debería declararse en boicot contra El Nacional y no comprarlo más nunca nadie”.

La estatal Corporación Alfredo Maneiro fue creada para monopolizar el suministro de papel, y desplazar a las importadoras tradicionales que dejaron de recibir divisas desde hace dos años.

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Tinedo Guía declaró el pasado 17 de marzo: “La Corporación Maneiro ejerce un monopolio dependiente de la administración pública. No es beneficioso ni útil, pero el gobierno se vale de él para negar las bobinas de papel. Es un organismo de censura para que los medios bajen la cabeza ante sus mentiras”.

Aparenta que solo sobrevivirán aquellos rotativos controlados por el gobierno.

Medida contra David Febres

Preocupa también la medida dictada contra David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní, con sede en Ciudad Guayana, Estado Bolívar, que lo condena a cuatro años de prisión por el delito de “difamación e injuria“. El diario publicó una serie de reportajes de investigación sobre graves actos de corrupción en la compañía minera estatal Ferrominera, la principal procesadora de hierro. 

La medida ha sido rechazada por la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, por los gremios de prensa y por organizaciones internacionales, entre ellos las SIP que la calificó consideró: “Una grosera coacción a la libertad de prensa y al derecho de la sociedad a estar informada en temas de interés público”.

Importancia de los resultados electorales

En las elecciones del 6 de diciembre, la opositora coalición de la Mesa de la Unidad Democrática obtuvo una victoria ante el oficialismo, que le confirió mayoría calificada en la Asamblea Nacional. Desde el 5 de enero la oposición ocupa dos tercios de las curules y los cargos directivos, Presidencia, Vicepresidencia, y Secretario, por lo que el partido gobernante perdió el control de ANTV.

Ante esta realidad, los operadores de la “hegemonía comunicacional” propugnada y ejercida por el gobierno, desde que retirara las concesiones a numerosas emisoras radiales y adquiriera a través de terceros importantes medios tradicionalmente independientes, ordenaron la irrupción violenta en los estudios de ANTV para sustraer los equipos de transmisión y destruir sus instalaciones. 

Acto seguido, despidieron a 164 empleados de la televisora que actualmente se encuentran “en un limbo” ante la ilegalidad de la medida.

El gobierno venezolano persiste en no dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de devolver la señal a Radio Caracas Televisión, así como los equipos de transmisión confiscados en 2007, cuando por órdenes directas de Hugo Chávez Frías no se le renovó la concesión. 

El Tribunal Supremo de Justicia, al servicio del gobierno de turno, declaró el fallo “inejecutable”, a pesar de que el gobierno participó en todas las instancias del proceso efectuado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 10 de septiembre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró inejecutable el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado a conocer el 7 de septiembre y que determinó la devolución del Canal 2 a la emisora Radio Caracas Televisión (RCTV) y exigió al gobierno de Venezuela acatar y cumplir la sentencia.

Condena actitud del Gobierno

El TSJ sostuvo que la Corte Interamericana no tiene autoridad para pronunciarse en el caso de RCTV ya que no se habían agotado las instancias internas del derecho.

Por su parte, el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, advirtió que el gobierno hará caso omiso al fallo de la Corte Interamericana. “Somos libres y soberanos, hace años decidimos serlo. Así que llamen a Almagro para que la meta en la carpeta, porque eso no tiene valor jurídico, ético, ni moral”, dijo Cabello.

La sentencia de la Corte Interamericana, alcanzada el 22 de junio, sobre el caso Marcel Granier y Otros vs. Venezuela ordena al Estado deberá restablecer la concesión de la frecuencia de Canal 2 desde el que transmitía RCTV; devolver los bienes materiales incautados; pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales; reintegrar costas y gastos; realizar procesos de asignación de frecuencias en forma transparente; así como rendir un informe, en el plazo de un año, sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la sentencia.

De acuerdo con la Corte Interamericana, la violación de la libertad de expresión perpetrada por el gobierno del presidente Hugo Chávez y continuada por su sucesor, Nicolás Maduro, impactó sobre el derecho de los trabajadores y directivos del canal, así como en la ciudadanía “que se vio privada de tener acceso a la línea editorial que RCTV representaba”, en la consideración de que la “pluralidad de medios o informativa constituye una efectiva garantía de la libertada de expresión”. 

La decisión de no renovar la concesión “buscaba acallar voces críticas al gobierno”, afirmó la Corte.

Pese a los reclamos y señalamientos internacionales, el gobierno de Maduro continúa con una grave política de obstaculización a las libertades de expresión y prensa, y de irrespeto a los derechos humanos.

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