EFE

Santo Domingo, la capital de República
Dominicana, acogerá en una semana la Asamblea General anual de la Organización
de Estados Americanos (OEA) en uno de sus momentos más convulsos de los últimos
años, con Venezuela en crisis y la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) al borde del abismo.

Cuando hace un año República Dominicana se ofreció a ser sede de la Asamblea en
2016 la OEA estaba en un momento muy diferente: empezaba la etapa de un nuevo
secretario general, Luis Almagro, con armonía y promesas de renovación para
ganar relevancia frente a otras alianzas regionales en ascenso, como la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur).

Doce meses después, la OEA no ha cambiado apenas, como pudo comprobarse en la
larga y farragosa sesión de este miércoles, pero sí lo ha hecho su Secretaría
General
: Almagro ha demostrado ser un líder atípico dispuesto a posicionarse
con contundencia sobre los asuntos más divisores del continente, como la crisis
de Venezuela o el proceso de destitución de la presidenta brasileña, Dilma
Rousseff.

La iniciativa y el empuje de Almagro ha puesto en una situación incómoda a los
Estados miembros, acostumbrados a la cautela diplomática y al perfil bajo en
los que la organización ha estado instalada durante años.

Sin embargo, todo apunta a que la reunión de este año en Santo Domingo estará
lejos de ser una balsa de aceite: llega en pleno debate sobre la aplicación de
la Carta Democrática a Venezuela, lo que podría llevar a su suspensión del
ente, y con la CIDH en la peor crisis financiera de su historia.

«Se quiera o no se quiera, el tema (de Venezuela) va a formar parte
de la agenda de la Asamblea
, por lo menos de la informal (…). No se puede
descontextualizar tanto la Asamblea respecto a los temas más urgentes del
continente, esa realidad va a estar, se haga el Consejo antes o después»,
dijo Almagro este viernes en una entrevista con Efe en Washington.

El jefe de la OEA, con su invocación del artículo 20 de la Carta, pidió este
martes una sesión extraordinaria del Consejo Permanente entre los días 10 y 20
de junio para votar si se prosigue con el proceso gradual de la Carta, que
puede llevar a gestiones diplomáticas, a la convocatoria urgente de una reunión
de cancilleres y, en último lugar, a la suspensión de Venezuela del
ente
.

La presidencia de turno argentina del Consejo aún no ha dado respuesta a esa
solicitud, pero Almagro quiere que esa sesión se convoque «cuanto antes
mejor», es decir, antes de la Asamblea General anual que se celebrará
entre el 13 y 15 de junio en Santo Domingo y cuyo tema oficial es el
fortalecimiento institucional.

Por otro lado, la Asamblea deberá dar respuesta al llamado de la plana mayor de
la CIDH
, el órgano autónomo de la OEA para la defensa de los derechos humanos,
que necesita fondos urgentes de los Estados para superar su crisis.

La Comisión, el último recurso de miles de personas en América para obtener
justicia y protección, tendrá que despedir al 40 % de su personal a finales de
julio y suspender labores clave si no recibe antes del 15 de junio -día en que
termina la Asamblea- los alrededor de dos millones de dólares que le faltan
este año
para poder cumplir mínimamente con sus funciones.

Por el momento ni la crisis de Venezuela ni la de la CIDH están
incluidas en la agenda oficial de la Asamblea de Santo Domingo, pero al
respecto Almagro fue categórico este viernes en su entrevista con Efe: «No
se entendería que no se hablara de estos temas» en la cita anual de máximo
nivel de la organización, donde participan los 34 cancilleres. 




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