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Dayrí Blanco/@DayriBlanco07

Las máquinas tendrán más tiempo de descanso. Mucho más del que han tenido trabajando en su conjunto a menos del 20% de su capacidad. La actividad industrial en Carabobo está en su peor momento, de eso no tiene duda el presidente de Fedecámaras en la región, Damiano Del Vescovo, quien solo hizo un cálculo sencillo para tener como resultado que ahora la jornada se reducirá a la mitad al tener cuatro de ocho horas del día sin electricidad, lo que se traduce en 20 horas a la semana de total improductividad.

El plan de administración de carga diseñado por Corpoelec es así de rígido. No da espacios para negociaciones. Desde el sector empresarial se podrían hacer algunos ajustes pero el costo económico que implicaría sería grande en consideración con la merma en la manufactura. “Se podría negociar que en días de cortes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. los trabajadores acudan a sus puestos después de mediodía, pero se les debería cancelar bono nocturno”.

Esto generaría otro problema. Ese incremento en las estructuras de costos se trasladaría en el precio final de productos y servicios, lo cual generaría más inflación y se ampliaría la crisis económica del país.

Los más perjudicados

Esta improductividad medida en horas es un agregado a otras restricciones eléctricas impuestas por el Ejecutivo al sector industrial del país. Desde Corpoelec ya tienen listas las grandes etiquetas que pegarán en las puertas de las empresas que incumplan con la resolución 035 del ministerio de Energía Eléctrica, que establece que las personas jurídicas del sector privado, que superen una demanda asignada contratada de un megavoltioamperio (1MVA), deberán realizar acciones para mantener una reducción de al menos 10% de su consumo mensual con respecto al mayor valor entre el consumo facturado en el mismo mes o el consumo promedio mensual facturado.

Se trata de una medida anunciada desde 2009 y desde la gerencia regional de Corpoelec se fue claro con Del Vescovo “ya tuvieron más de cinco años para adaptarse”, según relató el empresario tras una reunión sostenida con coordinadores de distribución de la estatal.

El problema sigue siendo económico. Las grandes industrias lograron adquirir plantas eléctricas para tal fin, pero la pequeña y mediana, y el sector comercial no tuvieron la posibilidad de hacerlo. Actualmente al menos 24 millones de bolívares cuesta una planta de mediana capacidad, a eso hay que sumarle los costos de mantenimiento, la perforación de tanques subterráneos de agua, seguridad y el manejo del combustible requerido.

Para la vigilancia del cumplimiento de la referida resolución se activará el Plan Guaicaipuro 2016, conformado por todos los componentes de la Fuerza Armada. Se conoció que en el caso de negocios pequeños que funcionan como franquicia se toma en cuenta la razón social y se hace el cálculo del consumo con la suma de todos los establecimientos, lo que los obliga a sumarse a esta medida.

Golpe a la construcción

Durante la reunión un aspecto llamó la atención de Damiano Del Vescovo. Le informaron que al menos por tres meses estará paralizado la emisión de los estudios de factibilidad eléctrica para el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

Esta detención será durante el tiempo que se extienda la crisis eléctrica y afectará aún más al sector que durante los primeros tres meses del año registró una caída de 20%.

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