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EFE 

Casi 24 años después de despojar de su mandato al entonces presidente Fernando Collor y de condenarle a ocho años de inhabilitación política, el Senado brasileño vuelve a tener en sus manos la suerte de un jefe de Estado, en esta ocasión la de Dilma Rousseff.

El “impeachment” (juicio político con fines de destitución), un instrumento presente en las constituciones brasileñas desde 1891 y que permite al Congreso poner fin al mandato de un presidente por los llamados “crímenes de responsabilidad”, sólo ha llegado dos veces hasta su fase final: el juicio en el pleno del Senado.

El destino de Rousseff está en las manos del Senado desde el jueves pasado, cuando inició la fase final del juicio, y puede quedar sellado el próximo miércoles, cuando puede destituirla definitivamente si lo deciden al menos 54 de sus 81 miembros.

Al igual que Collor, ahora senador y con la incómoda obligación de juzgar a su exaliada, Rousseff afronta el juicio final con su popularidad por los suelos, con el país hundido en una grave recesión, acusaciones de corrupción salpicando a gran parte de sus aliados y prácticamente sin apoyo partidario en el Congreso.

En ambos casos fue determinante la decisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), mayor fuerza electoral del país, de abandonar el barco antes del naufragio.

Hace 24 años fue Itamar Franco, miembro del PMDB, quien asumió la presidencia en el lugar de Collor, y este año fue Michel Temer, también dirigente de la formación mayoritaria, el que tomó el poder en el sitio de Rousseff.

Collor sólo contó en sus últimas horas con el respaldo del minúsculo Partido de la Reconstrucción Nacional (PMN), fuerza que él ayudó a fundar para postular su candidatura presidencial, mientras que Rousseff mantiene el respaldo del Partido de los Trabajadores (PT), creado por su antecesor y padrino político, Luiz Inácio Lula da Silva, y del Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Pese a que una decena de legisladores de ambos partidos se ha destacado por la férrea defensa de la mandataria en el Senado, el PT desistió de apoyar la propuesta de Rousseff de convocar un plebiscito para anticipar las elecciones presidenciales de 2018 y mantiene una tímida defensa de la mandataria, al parecer por estar más preocupado con los comicios municipales de octubre próximo.

A diferencia de hace 24 años, Rousseff decidió acudir al pleno del Senado para defenderse, mientras que Collor esperó hasta última hora para presentar su renuncia.

La etapa final del proceso contra Collor fue abierta por el Senado el 29 de diciembre de 1992 y sólo duró dos días porque el entonces presidente suspendido renunció, en un intento de impedir que lo privaran de sus derechos políticos durante ocho años.

La estrategia no le funcionó y el Senado lo destituyó al día siguiente, por 76 votos a favor y 3 en contra, tras considerar que se benefició personalmente de la red de corrupción montada en su campaña electoral para recaudar donaciones ilegalmente.

El pleno de la Cámara de Diputados determinó en abril pasado que el proceso contra Rousseff llegase al Senado por considerar que incurrió en “crímenes de responsabilidad” por las maniobras con las que intentó ocultar el débil estado de las cuentas públicas.

El pleno del Senado decidió el 12 de mayo, por 55 votos a favor y 22 en contra, separarla provisionalmente del cargo y sustituirla por Temer, mientras la somete al juicio de destitución.

Hasta ahora, Collor fue el único jefe de Estado que pasó por todas las etapas del “impeachment”, aunque otros fueron amenazados con juicios en el Congreso.

Pese a que no llegaron a ser sometidos ni a la primera fase del proceso -la evaluación de la validez jurídica del caso por parte de una comisión parlamentaria- varios presidentes vivieron intentos de “impeachment”, incluido el segundo desde la instauración de la República en 1889, Floriano Peixoto (1891-1894).

Sus opositores también intentaron abrir juicios políticos, pero sin éxito, contra los presidentes Campos Salles (1898-1902), Hermes da Fonseca (1910-1914), Getulio Vargas (1951-1954), Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).

Sólo los casos de Collor, Rousseff y Getulio Vargas fueron admitidos a trámite por la Cámara baja, pero el último, gracias a que contaba con apoyo del partido y gran popularidad, quedó absuelto por los diputados antes de que el juicio llegase al Senado.

El proceso que puede terminar con la destitución de Rousseff no es una excepción en la historia de la democracia en Brasil, donde sólo cinco jefes de Estado elegidos en las urnas han completado sus mandatos en los últimos 90 años.

Otros presidentes salidos de las urnas fueron depuestos por golpes de Estado (Washington Luís en 1930 y Joao Goulart en 1964), renunciaron (Janio Quadros en 1961) o se suicidaron (Getulio Vargas en 1954), además de Collor, que dimitió para evitar su destitución en 1992.

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