La presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, manifestó que la Defensoría del Pueblo no se ha expresado ni una vez en cuanto a las reiteradas violaciones de Derechos Humanos cometidas en contra de los detenidos por razones políticas, pese a haber recibido múltiples denuncias al respecto.
«Lo vimos en primer término con los torturados y presos a consecuencia de las manifestaciones pacíficas que hubo en el año 2014 en Venezuela, donde incluso hubo varios casos certificados por la Organización de Naciones Unidas como violación de Derechos Humanos. La Defensoría, a pesar de haber recibido denuncias de estos casos , nunca las tramitó», dijo Solórzano desde el Palacio Federal Legislativo.
La diputada señaló que el número de presos políticos actualmente es de 129 individuos. Asimismo, indicó que esta cifra cambia constantemente porque todos los días se producen nuevas detenciones en la nación.
Las declaraciones de la parlamentaria obedecen a la decisión del subcomité de acreditación de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales para la Promoción de los Derechos Humanos de la ONU de degradar la Defensoría del Pueblo venezolana a «clase b».
Solórzano recordó que la Organización de Naciones Unidas, está estudiando el comportamiento del citado organismo venezolano desde el mandato de Gabriela Ramírez, terminada hace dos años. «Este tipo de organismo debe tener como prioridad la protección de los Derechos Humanos. Es por esto que desde hace 2 años ha habido movimiento por parte de las distintas ONG denunciando la inactividad de la Defensoría sobre este tema», expresó.
Al ser preguntada sobre las consecuencias para Venezuela de completarse la degradación del organismo, sostuvo que «no hay directas consecuencias para los venezolanos. Las consecuencias son para la Defensoría del Pueblo porque perderemos el voto en el Consejo de Derechos Humanos».
Nota de prensa
