Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, aseguró este viernes que si la oposición estuviese interesada en dar un golpe de Estado no estaría buscando la manera de realizar, este año, 2016, tanto las elecciones de gobernadores como el referendo revocatorio.

Solórzano aseguró que el pueblo quiere elecciones y «nosotros somos los articuladores de ese clamor popular. Además los golpe de Estado los dan los militares, no los civiles, ni los actores políticos”. Aseveró que todas las leyes anuladas por el Tribunal Supremo de Justicia siguen gozando de plena legalidad y vigencia.

“La Constitución Nacional establece que cualquier decisión dictada por fuera de su texto debe ser desconocida. En este sentido la decisión de anular todas las leyes sancionadas por la AN está al margen de la Constitución puesto que los magistrados del TSJ fueron designados de manera inconstitucional”, explicó la parlamentaria en una entrevista ofrecida a Unión Radio.

La diputada también afirmó que el Parlamento ya se encuentra en el proceso de nombrar nuevos magistrados conforme a los lapsos legales establecidos “porque Venezuela merece magistrados imparciales y elegidos de forma legal”.

Además Solórzano indicó que este espacio de conflictividad entre poderes no es un tema ideológico sino un tema de querer trabajar por el país, porque las leyes anuladas por el gobierno son, por ejemplo, la ley del bono de alimentación a jubilados y pensionados, la ley de otorgamiento del título de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, entre otras. Eso evidencia quién trabaja por el país y quién no.

“El único perjudicado con esto es el pueblo de Venezuela, porque mientras nosotros trabajamos para solventar la enorme crisis, el gobierno anula cada avance en esta materia”, añadió. La parlamentaria mirandina aseguró que el gobierno se empeña en generar una conflictividad política para tapar la grave crisis económica por la cual atraviesa el país.

Solórzano denunció nuevamente que el Poder Ejecutivo le retiró la partida del presupuesto correspondiente al salario de los parlamentarios a la AN. “Estamos legislando con las uñas porque Maduro decidió enviar los recursos solo para la nómina de los empleados y el personal directivo, mientras tanto, los diputados tenemos 20 días sin cobrar”, dijo la parlamentaria.

Nota de prensa.




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