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EFE

El
Tribunal Supremo de EE.UU. volvió este lunes al trabajo con la vista puesta en
un controvertido caso sobre la pena de muerte, otro curioso asunto sobre
el nombre de una banda de rock y una polémica internacional que
cuestiona una nacionalización ordenada por el Gobierno de Venezuela.

Por primera vez en décadas, en este primer lunes de octubre, que
marca el comienzo del ciclo judicial, hubo solo ocho jueces y no los
nueve de los que debe estar conformada la máxima corte.

Con
cuatro jueces progresistas y cuatro conservadores, el Tribunal Supremo
está dividido por fuertes líneas ideológicas debido a la inesperada
muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia y la negativa de
la mayoría republicana del Senado para aprobar el nombramiento de
Merrick Garland como nuevo juez.

El gran asunto del Tribunal
Supremo parece ser precisamente la ausencia de un noveno juez, aunque la
lista de casos incluye importantes cuestiones de alcance nacional e
internacional.

Entre los asuntos de más alto perfil figura un caso en el que Venezuela
pide al Tribunal Supremo que bloquee la resolución de una corte
inferior según la cual, en 2010, el país caribeño nacionalizó de forma
ilegal 11 torres de perforación petrolera de la empresa estadounidense
Helmerich & Payne.

Esta empresa, con sede en Oklahoma
(EE.UU.), operó durante años en territorio venezolano y tuvo como
cliente al Gobierno, pero en 2009 cesó sus operaciones y desmontó los
taladros de perforación después de que el Ejecutivo acumulara con ella
una deuda de 100 millones de dólares.

En respuesta a esa
acción, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó en junio
de 2010 la nacionalización de 11 torres de perforación petrolera de
Helmerich & Payne, tras denunciar que la empresa mantenía “ociosos”
esos taladros desde hacía “un considerable tiempo”.

Helmerich & Payne reaccionó demandando tanto al Gobierno venezolano como a la compañía estatal Petróleos de Venezuela
(PDVSA), amparándose en la Ley de Inmunidad de Soberanías Extranjeras y
alegando que la nacionalización se produjo en contra de la legalidad
internacional.

Ahora, con el fin de frenar el pleito, el Gobierno de Venezuela
ha puesto en cuestión esa Ley de Inmunidad de Soberanías y quiere que
el Tribunal Supremo defina cuándo un Gobierno extranjero puede enfrentar
demandas en cortes estadounidenses por incidentes que ocurrieron fuera
de Estados Unidos.

Más allá de los casos de alcance
internacional, el Tribunal Supremo evaluará si Texas se deja guiar por
prejuicios racistas al aplicar la pena de muerte y si el estado sureño,
líder en ejecuciones, condena a pena capital a posibles enfermos
mentales.

En concreto, la corte estudiará el caso de Bobby J.
Moore, condenado a muerte a pesar de tener un coeficiente intelectual
muy bajo, y el caso de Duane Buck, un hombre negro que fue considerado
durante el juicio como un peligro para la sociedad simplemente por ser
negro y luego fue sentenciado a muerte.

Entre los casos más
curiosos previstos para este ciclo judicial figura el de la banda de
rock “The Slants” (“Los Rasgados”), compuesta por músicos asiáticos y
radicada en Portland, en el estado de Oregón.

El Tribunal
Supremo tendrá que decidir si el nombre de la banda, que hace referencia
a los ojos rasgados de los asiáticos, es ofensivo o si está protegido
por la libertad de expresión.

Entre los archivos de los jueces
de la corte, también figura un caso sobre inmigración en el que el
Tribunal Supremo deberá decidir si los inmigrantes detenidos durante
seis meses tienen derecho a una audiencia judicial en la que puede
decidirse su liberación, algo que niega el Gobierno del presidente
Barack Obama.

Además, el alto tribunal tiene pendiente
determinar si admite o no un caso del estado de Virginia, en el que la
corte debería decidir si los estudiantes transexuales de una escuela
pueden acceder a los baños que coinciden con su identidad de género en
vez de con su sexo biológico.

Normalmente, el Tribunal Supremo
recibe entre unas 7.000 y unas 8.000 solicitudes de individuos u
órganos que quieren que se atiendan sus casos, aunque la corte solo
celebra vistas orales y decide sobre unos 80 casos, según datos del
propio tribunal.

Para este ciclo judicial, que comienza hoy y acabará en junio de 2017, los jueces han aceptado unos 40 casos, de momento. 

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