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Dayrí Blanco | @DayriBlanco07

Las competencias de los poderes públicos son claras. La Constitución las
establece sin espacios a dudas. Pero los magistrados de la  Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no lo entienden así, y
amparados en el cargo que ocupan “le dieron al cantinero las facultades para
que administre los recursos del dueño de la cantina”
. Eso fue lo que
hicieron con el presidente Nicolás Maduro y el presupuesto de todos los
venezolanos. “Fue un delito de lesa humanidad”, aseguró el exmagistrado
Román Duque Corredor.

Se desconoció la soberanía del pueblo que el pasado 6 de diciembre
decidió en un proceso electoral que la Asamblea Nacional (AN) debe ser
mayoritariamente democrática y minoritariamente chavista,
al quitarle las
atribuciones legales al ente parlamentario.

El TSJ simplemente se ha dedicado a patear la Constitución todos los
días. “Es un matricidio lo que están cometiendo, matando a la cuarta madre
al negarle a los venezolanos el derecho de  que sus representantes ejerzan
las funciones para las que fueron elegidos
y que puedan expresar su
voluntad con las leyes que tienen en sus manos”.

 Foto Ángel Chacón

Pero además se presenta una contradicción. Duque Corredor explicó que
no tiene ningún sustento ni lógica
que quien administra los dineros públicos
sea a su vez el que establezca el presupuesto que va a gastar.

Esto marca una diferencia con lo que ha ocurrido en Colombia, “que tiene
una Corte Constitucional que es digna desde el punto de vista moral y
científico” y quedó demostrado en el plebiscito del 2 de octubre, según señaló
el exmagistrado durante su participación en el foro Colombia: De un cisne a un
cisma, planificado por Tren Venezuela.

Rubén Pérez Silva, director de  la organización, advirtió que el
país neogranadino es un espejo de lo que no debe ocurrir en Venezuela en
términos de una guerra armada.
“Pero  si no se encuentran soluciones
arbitradas con respeto a normas de la Constitución evidentemente la situación
puede tornarse muy grave, por el nivel de intolerancia que mantiene el Gobierno
frente al resto de la sociedad.

El exsecretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en
Carabobo calificó como vergonzosa la sentencia del TSJ al desconocer totalmente
a la AN.

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