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Tratar de
establecer cómo ha ejecutado el gobierno de Venezuela el dinero destinado a las
misiones sociales así como medir su eficiencia se ha convertido en una misión
imposible, según se desprende de investigaciones que han intentado, por
separado, profesores universitarios, periodistas y organizaciones no
gubernamentales.

Auditar las
misiones no es posible por falta de datos oficiales
, coinciden quienes lo han
intentado. Sobre el particular el sociólogo y director del Instituto de
Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello
(UCAB), Luis Pedro España, precisó que la encuesta de opinión es prácticamente
el único instrumento que se puede utilizar, desde el punto de vista
metodológico, para tratar de determinar la cobertura de esos programas sociales. Pero por gestión son inauditables, aseguró.

Al ser
consultado por el equipo de Prensa Unidad Venezuela sobre si se podía conocer el
monto de los recursos asignados a ellas destacó, sencillamente, que “son una
caja negra”.

Una
investigación de junio de 2016 realizada por Harvard Kennedy School, titulada
“Pobreza, cobertura de las misiones y necesidades de protección social para la
reforma económica de Venezuela”, del cual España es corredactor, indica que se
h
an llegado a contabilizar 38 misiones sociales “que se suponía que atendían
igual número de problemas sociales”.

La receta de
esta política social era simple. A cada problema social una acción, un
establecimiento, una estrategia de mercadeo (para captar beneficiarios y
partidarios) y un funcionario responsable. El resultado nunca fue objeto de
monitoreo o evaluación adecuado, al menos no con resultados de carácter público.
A la fecha son muy pocas las evaluaciones realizadas por los propios programas,
sólo investigaciones parciales y con severas limitaciones de información que han
tratado de dar cuenta del resultado e impacto de las misiones. Pero en muchos,
si no todos los casos, los anuncios gubernamentales sobre metas y objetivos de
los programas, terminaban con ejecuciones realmente bajas, incluso en los
momentos de mayor disponibilidad presupuestaria, señala el
estudio.

La
investigación refiere que el impacto social cuantificado, la articulación con
otras políticas, la transparencia en el manejo de los fondos, la selección de
beneficiarios según criterios de necesidad social y progresividad distributiva,
nada de eso estuvo presente en las misiones sociales, de allí la dificultad para
medir su impacto y las severas dudas sobre su
eficiencia.

Transparencia Venezuela

Mercedes de
Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, presentó la semana pasada
ante el vigesimosexto período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, en ocasión del Examen Periódico Universal, un informe en el que
refiere la imposibilidad de auditar los recursos empleados por el Gobierno
venezolano para mantener esos programas sociales, así como para saber sus
verdaderos alcances.

No se dispone de información completa, verificable y clara sobre los recursos destinados al diseño y desarrollo de los programas sociales, el listado de beneficiarios,
criterios de selección, contratos de servicios, obras, compras, adquisiciones y
contrataciones, así como auditorías de procesos y análisis de riesgos de
corrupción e ineficiencia en programas sociales,
asegura.

La opacidad y
la corrupción han afectado el cumplimiento de las obligaciones, por parte del
Estado venezolano, de garantizar los derechos humanos, agrega Freitas. Indica que se espera que en noviembre la ONU haga sus recomendaciones al Estado
venezolano en esta materia.

No están todos los que son

En su
análisis, el informe de Harvard incluye datos de la Encuesta sobre Condiciones
de Vida en Venezuela (Encovi) sobre Pobreza y Misiones Sociales Noviembre 2015,
realizada por las universidades Católica Andrés Bello, Simón Bolívar y Central
de Venezuela, que reflejan que estos programas también tienen fallas en cuanto
al alcance y distribución de sus potenciales beneficios.

En ese sentido
asegura que solo 40% de los beneficiarios pertenecería a hogares en situación de
pobreza de acuerdo al índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI). Esto
quiere decir que las transferencias recibidas (directas o indirectas) de ningún
modo están concentradas en los sectores más necesitados,
porque ninguno de los
programas sociales del Gobierno tiene por criterio de elegibilidad la situación
de pobreza, señala.

“La ausencia
de principios de focalización no sólo hace que en su mayoría las personas que
forman parte de los programas sean no pobres, sino que además mucha población en
situación de pobreza no recibe ningún programa social. Para el año 2015, según
la Encovi de ese año, 66,32%20 de los pobres por NBI no era beneficiario de
ningún programa social”, indica.

Como ejemplo
de ello cita el caso de Mercal, el principal programa de protección social
ofertado por el Gobierno, el cual, asegura, excluye al 73% de los pobres por
NBI. “Esto quiere decir que al menos siete de cada 10 pobres por NBI en Venezuela
dicen no ser beneficiarios de Mercal”.

Otro dato
interesante que arroja la Encovi es el aumento, entre 2014 y 2015, del número de
personas que empezó a utilizar los servicios de Mercal para abastecerse de
alimentos y los de Barrio Adentro para recibir asistencia médica.

En el caso de
la primera la cifra se elevó de 1.923.383 a 6.573.207 (casi cinco millones de
nuevas personas) y en el de la segunda pasó de 1.713.070 a 2.640.511 (casi un
millón de nuevos usuarios).

La causa del
aumento de estas dos misiones puede estar relacionada con un evidente aumento de
su demanda producto de la crisis de ingreso que empezó en 2014 y se agudizó en
2015. En el caso de la asistencia médica es razonable suponer que la demanda se
vio obligada a desplazarse del sector privado al público, tanto por razones de
costos, como por la caída de los montos de cobertura de los seguros médicos
privados”, sostiene la investigación.

Otras misiones
como Amor Mayor – dirigida a personas en edad de jubilación pero sin pensión del
seguro social – retrocedieron en el número de beneficiarios. En 2014 ese
programa atendió a 231.624 personas, mientras que en 2015 lo hizo a 169.291, lo
que representa una reducción de casi 27 %.

Los programas
referidos a las áreas de educación y trabajo, registraron los mayores descensos.
El número de beneficiarios de las misiones educativas (Ribas, Sucre y Robinson)
bajó de 70 % a 45 %, mientras que en las formativas (Saber y Trabajo) la
reducción fue de 80%.

El informe
Harvard recomienda, con miras a la asignación de futuros programas sociales de
protección social, y en consideración del mapa actual de los beneficiarios de
las Misiones Sociales, hacer “un esfuerzo importante por incluir a la población
en pobreza que hoy dice no recibir ningún beneficio de las misiones”, ya que
esta representa a “la gran mayoría de los pobres y hogares de ingresos bajos”,
estimada en 19,4 millones de personas, cifra que engloba al 63 % de la población
total del país.

Trabajos de
investigación periodística dan cuenta, por su parte, de la existencia de casi 40
misiones desde su lanzamiento en el año 2003 hasta 2011, lapso durante el cual
el Gobierno habría invertido en su ejecución unos 49 millardos de dólares por
vía presupuestaria y por aportes de la industria petrolera, de acuerdo a una
información publicada por el diario El Universal a finales de 2011 en la que,
sin embargo, no se precisa la fuente de tal monto.

En 2014 Maduro
aprobó, vía Ley Habilitante, la Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y
Micromisiones. El objetivo de esa norma, según dijo el propio Presidente, fue
crear “un fondo único para todas las misiones y grandes misiones para manejar de
manera más eficiente, desde el punto de vista administrativo, y llevar la
inversión creciente desde el punto de vista social a cada misión”.

Otra decisión
relacionada con los recursos de las misiones está contenida en el Decreto
Presidencial 2.185, publicado en la Gaceta Oficial 40.829, del 15 de enero de
2016, que estableció que los saldos líquidos y no líquidos que no fueron
utilizados al cierre del ejercicio económico financiero 2015 se transferirán al
Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), para atender las necesidades sociales,
económicas, productivas y de proyectos de infraestructura y servicios de los
venezolanos, enmarcados en el denominado Plan de la
Patria.

Larga lista

En 2013 el  Gobierno anunció la creación de siete nuevas misiones: Eficiencia o Nada, Gran
Misión Negro Primero, Jóvenes de la Patria, Nevado, Eléctrica Venezuela, Gran
Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y Transporte.

Estas se
sumaron a las ya existentes: Robinson, Ribas, Sucre, Vuelvan Caras (que luego se
convirtió en Che Guevara), Cristo, Miranda, Piar, Zamora, Barrio Adentro,
Milagro, Esperanza, Sonrisa, Misión Vivienda y Hábitat, Villanueva, Mercal,
Guaicaipuro, Identidad, Vuelta al Campo, Marte, Cultura, 13 de abril, Ciencia,
Niño Jesús, Niños y Niñas del Barrio, Negra Hipólita, José Gregorio Hernández,
Madres del Barrio e Hijos de mi Pueblo Venezuela que agrupa otras de orden
social como la Misión Niño Jesús, Alimentación y Madres del
Barrio.

Además están
la Gran Misión Vivienda Venezuela – que es una ampliación de la Misión Vivienda
y Hábitat – y la Gran Misión Agro Venezuela, que abarca la Misión Vuelta al
Campo y la Gran Misión Saber y Trabajo.

Nota de Prensa.

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