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AVN

La República Bolivariana de Venezuela presentó el pasado jueves ante la plenaria de países representados en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), efectuada en Ginebra, Suiza, los avances obtenido en garantía del acceso a la justicia, derecho a la defensa y resguardo en general de los Derechos Humanos del pueblo venezolano.

La exposición estuvo a cargo de la directora de despacho de la Defensa Pública, Mariana Oliveros, quien estuvo acompañada del embajador Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante la ONU Ginebra.

En ese sentido, Oliveros indicó, citada en nota de prensa, que en Venezuela se han “generado las condiciones más favorables para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano a la participación, de manera organizada, directa y protagónica, con una atención personalizada para todas las y los ciudadanos que requieran del servicio, de manera gratuita”.

De esta manera se han atendido, entre el 2013 y 2016, a más de 2 millones de usuarios en las distintas áreas de competencia de la Defensa Pública. Allí están incluidos a adultos mayores, niñas, adolescentes, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, extranjeros, entre otras.

Asimismo, dijo que la Defensa Pública venezolana ha logrado evolucionar y desarrollar las opciones de contacto directo con la población, para brindar una atención primaria, óptima y de calidad, a todas las personas que acuden a la institución.

“Para optimizar el servicio a los venezolanos inauguramos en el 2015 la Oficina de Atención Ciudadano, hasta la presente fecha hemos atendido a más de 21.000 personas (…) De igual manera, brindamos un programa de jornadas, desde el 2013 hasta el 2016 con más de 188.400 jornadas de calle dirigidas a los grupos organizados con una atención directa en sus residencias”, expresó la Directora de Despacho de la Defensora Pública General, citada en la nota de prensa.

La Carta Magna establece el Principio de Progresividad de los derechos humanos, “en el cual como un resultado evolutivo, se estipula que una vez incorporado un derecho humano, no puede ser desconocido o menoscabado. Normando, además por primera vez, la obligación del Estado de investigar y sancionar las violaciones graves a los derechos humanos, por lo que se estableció su imprescriptibilidad, con la cual se demuestra la voluntad del Poder Popular Constituyente de evitar que ocurran tales violaciones y, en caso tal, los funcionarios deberán responder civil, penal y administrativamente”, agregó.


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