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Al cumplirse
el cuarto aniversario de uno de los más graves sucesos ocurridos en la
industria petrolera venezolana, en el que, según la fuente oficial, perdieron la vida 42 personas, 150
resultaron heridas y 5 fueron registradas como desaparecidas, nuestras
instituciones ratifican el pesar nacional y las palabras de solidaridad a
los familiares de todos los fallecidos y heridos, así como también a aquellas
personas cuyos bienes se vieron afectados por este desastre, al tiempo que
manifiestan su preocupación por no obtener respuestas a las
interrogantes básicas que surgieron desde el primer día de esta tragedia. Incluso,
una petición de amparo a las víctimas directas e indirectas de la
explosión  en la Refinería de Amuay, introducida
por Coener ante el Tribunal Supremo de Justicia, trece días después de ocurrida
la tragedia, aun espera por la debida respuesta de este organismo, reseña en comunicado de prensa enviado a esta redacción las Juntas directivas del Centro de Orientación en Energía (Coener), de la Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, de la Asociación Civil Gente del Petróleo y del sindicato Unapetrol.

Ante la gravedad del evento y tal como fue oportunamente comunicado a la
opinión pública,  en aquel momento
se imponía que el Gobierno Nacional designara rápidamente  un Comité de Investigación independiente,
integrado  por expertos Nacionales e
Internacionales, en el cual el personal de la Refinería participara únicamente
para prestar el soporte requerido para la recopilación de la información
pertinente; el referido Comité debería, en un plazo perentorio, determinar las
causas de esta lamentable tragedia, identificar los elementos necesarios para
establecer las responsabilidades del caso y emitir sus recomendaciones para
evitar la ocurrencia de otra fatalidad similar, acciones que no se ejecutaron
en el momento preciso.

Análisis del accidente

Dado que en agosto de 2013 – a un año de ocurrida la
tragedia- no se había  emitido un informe
oficial del accidente por ningún organismo del Estado, Coener por iniciativa
propia y con los elementos de información disponibles, presentó a la opinión
pública los resultados de su 
investigación  realizada por un
equipo de técnicos y especialistas. Este documento se publicó el 25 de Agosto
de 2013 en el blog de COENER http://coener2010.blogspot.com/
En este Informe  se presentó el
análisis del accidente; sus causas potenciales; su impacto de tipo material,
económico y ambiental, para la corporación Pdvsa y el país; las conclusiones
que se derivan de la investigación; y un conjunto de recomendaciones orientadas
a evitar la recurrencia de accidentes similares en la industria petrolera nacional.

Posteriormente Pdvsa realizó el lunes
09 de Septiembre 2013 una presentación sobre el accidente de la Refinería de
Amuay, en la que concluyó que el mismo fue ocasionado por una acción de
“sabotaje”, afirmando que “se encontraron aflojados siete de ocho
espárragos de la base de la bomba de olefinas P-2601 del Bloque 23”, situación
que atribuyeron a una “acción intencional de terceros interesados en provocar
una catástrofe” y que prontamente se darían a
conocer sus responsables.  Esta presentación
mostró una serie de datos y eventos análogos a los indicados en los análisis e
informe de Coener.

 La
información presentada por Pdvsa, fue analizada por especialistas que integran el
Centro de Orientación en Energía y objetivamente se llegó a la conclusión que el argumento del sabotaje
no tenía sustento técnico alguno; por el contrario, este informe reforzaba la
tesis que las causas de la fuga de gas, la secuencia de eventos previos a la explosión e incendio, y la lamentable ausencia de los sistemas de
alarma, del accionar efectivo del sistema contra incendios y de la aplicación
oportuna de adecuados procedimientos de evacuación, fueron consecuencia de serias
deficiencias operacionales y de mantenimiento.

 Silencio oficial

A
pesar de los compromisos anunciados por el Ejecutivo Nacional y por la Fiscalía
General de la República desde el mismo momento del evento, a la presente fecha PDVSA no ha publicado el Informe Definitivo ni ha vuelto a declarar
sobre el tema, y los demás entes responsables de este asunto, que se
comprometieron a publicar su respectivo informe y en el que debían haberse
pronunciado formalmente, como es el caso del Ministerio Público, tampoco lo han
hecho. Esto crea un grave vacío institucional sobre este evento sin que la
sociedad venezolana tenga una respuesta clara, veraz y confiable sobre las causas
de este accidente que se tradujo en la pérdida de invalorables vidas humanas y
cuantiosos daños materiales al patrimonio de los venezolanos, particularmente a
la comunidad de Paraguaná, en el estado Falcón. Lo más grave y preocupante es
que no  se hayan presentado hasta ahora
recomendaciones de lo que ha debido y debe hacerse para evitar que vuelvan a
ocurrir tragedias de esta magnitud.

En riesgo

El lamentable accidente ocurrido en la
Refinería de Amuay el 25 de Agosto de 2012, definitivamente no fue un hecho
fortuito. La tendencia creciente de paradas no programadas, la extensión de
paradas programadas en las refinerías y el recurrente aumento de la
accidentalidad en todas las instalaciones industriales de PDVSA, son sin duda
alguna consecuencia directa de la decisión de
haber despedido en el año 2003 más de 20 mil trabajadores, que
desprofesionalizó sus cuadros gerenciales y técnicos, y de convertir
posteriormente a PDVSA en un brazo ejecutor de múltiples actividades ajenas al
negocio petrolero. Para superar la crisis de esta corporación, se requiere
retomar el modelo de una empresa eficiente, productiva y orientada a la mejora
continua de su gestión, concentrada en el negocio de los hidrocarburos, que fue
la razón de ser Petróleos de Venezuela, S.A. y la caracterizó   en sus primeros veinticinco años.

Ante la
ausencia de respuestas y el desconocimiento de esta situación por parte de
PDVSA, del Ejecutivo y de los poderes públicos responsables de la fiscalización
y de la defensa de los trabajadores y las comunidades circundantes a los
centros petroleros, solicitamos a la Comisión de Energía y Petróleo de la
Asamblea Nacional y a la Fiscalía General de la República, acometer las medidas
inherentes a sus funciones de contraloría y ejercer las acciones necesarias
para que se responda, tal como lo establece la Ley y sus Normas Internas, por
el grave accidente  ocurrido en la
Refinería de Amuay el 24 de agosto de 2012 y en particular se adopten las
medidas requeridas para evitar que vuelvan a ocurrir  tragedias similares.

 Nota de Prensa

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