Pese a la polarización política, el chavismo y la oposición llegaron este martes a un inédito acuerdo en el Parlamento venezolano, que condena una «masacre» de 12 civiles a manos de militares.
Los dos bloques que conforman la Asamblea acuerdan «condenar la desaparición forzada y asesinato de varios ciudadanos en Barlovento (norte) por parte de efectivos militares», señala la declaración leída tras un debate sobre la matanza de los agricultores, detenidos a mediados de octubre.
Es la primera vez que el Parlamento, de mayoría opositora, vota por unanimidad un acuerdo que censura actuaciones de miembros de una institución oficial, en este caso la Fuerza Armada, cuyos mandos han expresado apoyo «incondicional» al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Desde el pasado 5 de enero, cuando la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomó el control del Legislativo, sólo se había aprobado por consenso otro acuerdo de carácter político: el llamado del papa Francisco a un diálogo entre el gobierno y la oposición para superar la crisis política, el 4 de abril.
Las facciones legislativas pactaron además crear una comisión mixta para «esclarecer los hechos, exigir justicia y acompañar las acciones del Estado en la determinación y sanción de los responsables» de la masacre.
Por este caso, la Fiscalía procesa a 11 militares que, según la Fuerza Armada, «admitieron su culpabilidad» en los hechos ocurrido durante un operativo de seguridad.
Este martes temprano, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que las víctimas eran «campesinos del municipio Acevedo, que ninguno tiene antecedentes penales y tampoco se conocían entre sí».
Agregó que fueron halladas en dos fosas aledañas a esa localidad del estado Miranda, luego de la confesión de los implicados, entre ellos un teniente coronel.
«Presumo que hubo un autor intelectual que ordenó la acción y que pertenece a ese comando (militar). Debe identificarse independientemente del grado que tenga», solicitó el funcionario.
Saab sostuvo además que por órdenes directas del presidente Maduro se le prometió a los deudos que «no habría impunidad y se les iba a dar justicia».
El consenso entre ambas facciones parlamentarias ocurre en vísperas de la tercera reunión de una mesa de diálogo auspiciada por el Vaticano y la Unasur, que se realizará el 6 de diciembre en Caracas.
En la negociación, la MUD insistirá en que se reactive el proceso para un referéndum revocatorio contra Maduro (suspendido el 20 de octubre) o que se adelanten las elecciones presidenciales previstas para diciembre de 2018.
Pero Maduro sostiene que ese tema no está en la agenda y que gobernará hasta el final de su mandato, para sacar la economía de la grave crisis en que se encuentra por la caída del ingreso petrolero.
Los hechos de Barlovento revivieron las denuncias de violaciones de derechos humanos en acciones especiales contra la criminalidad, llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), puestas en marcha en julio del año pasado por el gobierno socialista.
«La OLP se ha convertido en operaciones de exterminio, por lo que es necesario ponerle un alto y establecer un plan de seguridad ciudadana que verdaderamente proteja a los venezolanos», instó la diputada opositora Delsa Solórzano (MUD) durante el debate, en el que participaron familiares de las víctimas de la masacre.
Según cifras del Ministerio Público, estos operativos de seguridad aplicados por la policía y el ejército venezolano dejaron 245 fallecidos el año pasado.
«Tenemos la obligación de exigir la renuncia inmediata del ministro de la Defensa y del ministro de Interior y Justicia, ya basta de OLP», agregó la parlamentaria.
