Entrada al fundo San Luis, en Calabozo, intervenido en 2009. (Foto Cortesía)
Las tierras de Rolando Sosa le dieron de comer por 23 años, pero el Gobierno Nacional las consideró ociosas y las declaró de utilidad pública. “Tengo dos años sin producir un bolívar”. Así resume las consecuencias de su historia personal de expropiación.
El hato San Luis, en Calabozo, Guárico, era una unidad de 210 hectáreas. Sosa lo perdió en dos fases: en mayo de 2009 el Instituto Nacional de Tierras concedió cerca de la mitad a unos invasores instalados desde diciembre de 2008. El “rescate por utilidad pública” del resto se consumó el 2 de octubre de 2009.
Ese día llegaron funcionarios del Inti coordinados por el entonces gobernador Willian Lara. En tono hostil, se negaron a resolver las dudas del propietario y otros presentes. “Aquí no hay debate. Ante cualquier intromisión, espero que no nos obliguen a usar la fuerza pública. Respete la autoridad”, amenazó el mandatario como consta en el video del acto de confiscación, visto más de 114 mil veces en YouTube.
Lo único que le quedó a Sosa fue su vivienda, contigua al fundo. Desde allí ha divisado cómo “no se produce ni un bolívar” a pesar de que el Inti autorizó su uso a la Fundación de Capacitación e Innovación para Apoyar la Revolución Agraria (Ciara), en calidad de comodato. Esto ha visto: un solo semillero tiene sembradas unas 40 matas de berenjena. El ganado come en horario de oficina y algunos becerros que nacen, se mueren. “Lo único que se ha producido en la finca es el arrebato de nuestros derechos”, evalúa al teléfono.
“Por mi finca no me han pagado ni medio”, rechaza el productor, que ha sobrevivido desde entonces con la venta de las reses que pudo arriar al fundo vecino el día de la expropiación, cuando les abrió las puertas y echó algunas a la calle.
El hato tenía más de 300 cabezas de ganado. Logró evadir a unas 200 y al Gobierno le quedaron 114, en 2009. A la fecha hay 62 en los corrales, contabiliza Sosa al relatar que otro lote de 32 reses, que llevan el hierro de San Luis, fueron llevadas recientemente al matadero de Los Teques “por seguridad alimentaria”, como le dijeron. La noche del martes atravesó su carro en la reja principal e impidió que dos camiones del Fondas siguieran embarcando más.
La foto de ese incidente fue publicada este miércoles en la cuenta de Twitter de Manuel Cipriano Heredia (@manuelcipriano), presidente de la Federación Nacional de Ganaderos.
El vocero calcula que ni siquiera el 10 por ciento de los dueños de fincas expropiadas durante el gobierno de Chávez ha recibido el pago o indemnización correspondiente. “A los pocos que les han cancelado es porque son extranjeros”.
Heredia concuerda con las palabras de la diputada opositora María Corina Machado el pasado viernes ante el Presidente: “Expropiar sin pagar no es confiscar, sino expoliar”, sentencia.
El Gobierno no sólo ha admitido que expropió en diez años 3 millones 600 mil hectáreas, sino que también ha precisado tener 244 unidades socialistas de producción agrícola, precisa Heredia al ampliar que éstas totalizan una superficie de 808 mil hectáreas.
“Eso, en pocas palabras, es un latifundio. El Gobierno Nacional es el gran latifundista del país”, fustiga, al tiempo que argumenta la improductividad: En manos oficiales estarían cerca de 338 mil reses. Si se dividen entre lo expropiado, da como resultado una media de 0,42 cabezas de ganado por hectárea, cuando el promedio nacional es de 1.
El ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, aseguró el lunes que en los casos de expropiaciones se ha garantizado el justiprecio de las bienhechurías y las mejoras a las fincas. Para el procurador general, Carlos Escarrá, en la otra figura de “rescate de tierras” no hay indemnización contemplada, reseñó El Universal.
Eso no fue lo que le dijeron a Rolando Sosa: “Ese 2 de octubre nos prometieron que reconocerían nuestras posesiones, animales, infraestructura. Hasta ahora, después de disponer de nuestras instalaciones, animales y material agrícola, no nos han pagado ni un centavo”.