(Foto AFP)
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La muerte de guerrilleros de las FARC en Colombia, las primeras documentadas desde la vigencia del alto el fuego, genera preocupaciones sobre la paz con los rebeldes, con los que el gobierno acaba de alcanzar un nuevo acuerdo para terminar medio siglo de conflicto.

“Esto demuestra lo frágil que es el cese bilateral”, declaró a la AFP el analista Ariel Ávila, al advertir del riesgo de nuevos incidentes con miembros de las FARC, que ya comenzaron a agruparse para la posterior dejación de las armas, debido a la incertidumbre generada por la suspensión del pacto de paz original, rechazado en un plebiscito el 2 de octubre.

El cese al fuego y de hostilidades, en vigor desde el pasado 29 de agosto, “se puede romper (…) porque las condiciones de concentración no son claras; o bien porque las FARC están sin plata en los campamentos y tratan de recaudar”, dijo este experto de la Fundación Paz y Reconciliación.

El organismo tripartito de control del alto al fuego expresó el jueves en un comunicado su “preocupación” por “la muerte de dos personas de las FARC” y anunció una investigación sobre “los hechos ocurridos el 13 de noviembre” en Santa Rosa (Bolívar, norte), un día después de sellarse el nuevo acuerdo en Cuba, sede de las negociaciones de paz iniciadas en 2012.

Ese Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MM&V), integrado por gobierno, FARC y las Naciones Unidas, precisó que emitirá “las recomendaciones necesarias para evitar que se repitan incidentes de este tipo”.

FARC reclaman “peritaje forense”

La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), la principal y más antigua del país, ha pedido esa investigación, así como la rápida aplicación del nuevo acuerdo, que estipula las condiciones de su reinserción a la vida civil.

“Ningún muerto se justifica a estas alturas del proceso. Esperamos claridad lo más pronto posible sobre lo sucedido” tuiteó este viernes, con el hashtag #ImpementaciónYa, el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, conocido por sus nombres de guerra Timoleón Jiménez o Timochenko.

Ya el jueves el comandante guerrilleros Carlos Antonio Lozada había dicho que la guerrilla exigirá “que se haga un peritaje forense para determinar si hubo combate o no”, poniendo en duda la versión del Ejército de que los guerrilleros murieron en un enfrentamiento.

A su vez, este viernes en Bogotá el representante de las FARC en el MM&V, Marcos Calarcá, sostuvo que la “próxima semana” el mecanismo tiene previsto entregar “un informe sobre ese tema”.

Al anunciar el nuevo acuerdo de paz, el presidente Juan Manuel Santos destacó el sábado que “el cese al fuego es frágil” y que “la incertidumbre genera temores y aumenta los riesgos de echar este inmenso esfuerzo al traste”.

Por su parte, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Todd Howland, advirtió de “un incremento de la violencia en varias partes del país por falta de implementar (…) de manera integral” los acuerdos de paz.

“Cada día que pasa es una amenaza”, estimó en la misma rueda de prensa Leyner Palacios, representante de las víctimas del conflicto.

Riesgo de que se reanude el conflicto

Para el experto en conflictos armados Frédéric Massé, profesor de la Universidad Externado de Bogotá, lo ocurrido “es un caso aislado” y “no es probable que se rompa el cese al fuego”.

“Pero no debería repetirse con demasiada frecuencia”, añadió, subrayando que “hay que esperar los resultados de la investigación” para determinar si se trataba, según indicaron algunas fuentes, de guerrilleros realizando extorsiones. Sería “más preocupante si detrás hay una directiva” de líderes de las FARC, apuntó.

Según Jorge Restrepo, director del centro de análisis del conflicto Cerac, “esto demuestra que sólo el desarme puede conducir a parar por completo las actividades criminales de las FARC”.

Según el experto, los opositores de Santos, liderados por el expresidente de derecha Álvaro Uribe, que dirigió la campaña contra el primer acuerdo, deben tener en cuenta el “enorme riesgo” de que se reinicie una guerra fratricida, que ha enfrentado a guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y agentes del Estado, dejando más de 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y más de 6,9 millones de desplazados.

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