La Procuraduría General de la República Dominicana continúa tomando declaración a exfuncionarios dentro de la investigación sobre los sobornos por valor de 92 millones de dólares que la empresa Odebrecht pagó en el país para acceder a contratos millonarios a lo largo de casi dos décadas.
El administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas (CDEE) durante el gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004), César Sánchez, reconoció haber firmado un contrato con la constructora, pero no pagó «un solo centavo» durante su gestión por esa obra.
Sánchez, que prestó este lunes declaración sobre el contrato que firmó con la compañía brasileña para la ejecución de la hidroeléctrica Pinalito, afirmó ante la prensa que durante su administración no se hizo ni un solo desembolso y no pago por esa obra «un solo centavo».
Toda la ejecución de la obra se hizo después de que abandonara el cargo y el contrato, firmado por 131,7 millones de dólares, fue aprobado en el Senado y la Cámara de Diputados en enero de 2004, puntualizó Sánchez.
Señaló que el proyecto fue aprobado mediante una resolución del Consejo Directivo de la CDEE y que la embajada de Estados Unidos aportó 400.000 dólares para pagar los estudios de viabilidad realizados por la empresa MWH.
También el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, pasó este lunes por la Procuraduría, en su calidad de presidente del Senado entre 2001 y 2006.
En declaraciones a la prensa afirmó que no tiene nada que ver con Odebrecht ni con ningún caso de corrupción y reclamó que el asunto se lleve hasta las últimas consecuencias.
«En este país, no todos somos iguales. Por eso, quiero que se llegue hasta las últimas consecuencias, para que se acabe el relajo de que siga el pueblo trabajando, y un grupito robando», añadió.
Bautista acudió a la Procuraduría en compañía de otros dirigentes y abogados de la formación «en cumplimiento de la posición del PRM de que se lleven hasta las últimas consecuencias las investigaciones de los casos de corrupción que involucran a la empresa Odebrecht en República Dominicana».
El político recordó que, por disposiciones constitucionales, el Senado solo aprueba o rechaza estos contratos, pero no participa en negociaciones ni modificaciones a los mismos.
Por su parte, el abogado de la compañía brasileña en el país, Robert Valdez, aclaró que los 184 millones de dólares que Odebrecht se comprometió a pagar como compensación económica a la República Dominicana por los sobornos para conseguir contratos públicos fue una oferta que partió de la empresa.
El procurador general anunció el pasado viernes que la empresa pagará la citada cantidad, el doble de lo que aseguró haber repartido en sobornos para acceder a contratos millonarios en el país.
En este sentido, Valdez dijo que está coordinando con autoridades dominicanas la forma de pago, cuya oferta obedece «a una decisión de Odebrecht de reconectarse con sus tradiciones y seguir contribuyendo con el desarrollo de la República Dominicana», explicó a los medios en la Procuraduría.
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos República Dominicana.
