El diputado (MUD) Julio Borges recibió a los familiares. (Foto Cortesía)
COMPARTE

 

Ponerle volumen al caso. Que sea tan relevante como el de los otros presos políticos. Ese fue el acuerdo al que llegaron los diputados de la Asamblea Nacional que respaldarán a los familiares de los policías metropolitanos, los primeros presos políticos de este régimen, sentenciados hace más de 13 años y medio por el caso del 11 de Abril.
María Pascastillo, esposa del subcomisario Marcos Hurtado; María Bolívar, tía del agente Erasmo Bolívar; Raquel Rovaín, prima del inspector Héctor Rovaín; Laura Pérez, esposa del distinguido Luis Enrique Molina; y Yamilé Hernández, esposa del cabo primero Arube Pérez Salazar, atendieron la convocatoria del diputado Tomás Guanipa, interesado en conocer de cerca la historia de los protagonistas de este sonado caso, que implicó la sentencia de tres comisarios y ocho policías metropolitanos, en un dudoso juicio, el más largo de la historia, en el que no se pudo comprobar la responsabilidad de los funcionarios.
Aún así, están condenados a penas que van de los 16 a los 30 años de prisión. Desde 2007, los cinco funcionarios aún recluidos en el Centro Nacional de Procesados Militares son sujetos de medidas alternativas al cumplimiento de la pena.
Mientras la vida de los funcionarios transcurre entre las paredes de la cárcel, afuera sus esposas, tías, primas, enfrentan a un drama permanente. Que las devuelvan en la entrada de la cárcel no es una historia ajena para ninguna de ellas. Varios días han perdido viajando desde Guatire, La Guaira o Caracas hacia Los Teques y, al llegar, no les permiten entrar a ver a sus familiares.
Las veces que Adriana, la hija de Erasmo Bolívar, va a visitar a su papá en la cárcel o la vez que Chiquinquirá Hurtado bailó el vals con su papá, Marcos Hurtado, a las 12 del mediodía en Ramo Verde, para celebrar con él sus quince años. Todos fueron temas de este encuentro, que sirvió para develar el drama de las familias de los presos políticos en Venezuela.
Un conato de Accidente Cerebro Vascular logró sacar a Luis Enrique Molina de la cárcel por unas horas. Su esposa Laura lo cuenta con desesperación. La atención para él, o para alguno de sus compañeros, no es precisamente una prioridad en Ramo Verde. Erasmo Bolívar tiene desprendimiento de retina y daños en una rodilla. Arube Pérez padece enfermedades cardíacas y gastrointestinales. Asistir al hospital no es una opción frecuente.
El momento es ahora
Si el diálogo puede ser fructífero para todos, es precisamente para lograr un proceso de reconciliación y rectificación de la política de persecución contra quienes nada tienen que ver con hechos delictivos. El diputado Tomás Guanipa escuchó no sólo los testimonios de este drama familiar, sino la explicación legal sobre el estatus de cada funcionario. Lo acompañó la diputada Yajaira de Forero.
Todos cumplieron los lapsos para recibir medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Dos de ellos, Marcos Hurtado y Arube Pérez, ya deberían estar en libertad plena, pues fueron sentenciados a 16 y 17 años de prisión. María Pascastillo pidió que en la mesa de diálogo se exija el cumplimiento de la ley: que se les otorguen los derechos procesales que les corresponden a todos.
El compromiso fue inmediato. Julio Borges, convencido de que a este caso hay que hacerlo tan relevante como el de otros presos políticos, se comprometió a plantearlo en la mesa especial de diálogo en la que Timoteo Zambrano comparte con Delcy Rodríguez información sobre Derechos Humanos.
Destacó como importante el hecho de que la iglesia pidiera reservarse el tratamiento sobre la situación de los presos políticos. “Hay el compromiso de crear una especie de Comité de Garantías Constitucionales, en el que participarán la fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y un representante de cada una de las partes. La idea es que allí se discutan casos puntuales, como el de aquellos que son objeto de derechos procesales, para darles celeridad y no someterlos al largo proceso del diálogo”.
La parlamentaria Delsa Solórzano aseguró que ya se consignó una lista de 142 presos políticos para las discusiones en las mesas de diálogo. “Tienen prioridad los presos más antiguos, que son los policías metropolitanos y los que están enfermos”.
Si este viernes no hay acuerdo en torno a la situación de estos presos políticos, los diputados solicitarán que en la sesión del parlamento, el próximo miércoles, se conceda un derecho de palabra a los familiares.
La diputada Dinorah Figuera planteó que la comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional acuda a la Defensoría del Pueblo para evaluar cada caso desde el punto de vista médico y garantizar la salud de cada uno de ellos, con nombre y apellido
Presentes en el encuentro estuvieron, además, los diputados Juan Pablo Guanipa, Juan Requesens y Miguel Pizarro.
La insistencia de los familiares estuvo centrada en un solo aspecto: “No estamos saliéndonos de la norma. El Código Penal que los condenó, establece que ya deberían estar en libertad con cualquiera de los fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena. Lo que queremos es que se ajusten a derecho”, exigió Maria Pascastillo. (CG)

MINIANUNCIOS VIP




Estimado lector: El Diario El Carabobeño es defensor de los valores democráticos y de la comunicación libre y plural, por lo que los invitamos a emitir sus comentarios con respeto. No está permitida la publicación de mensajes violentos, ofensivos, difamatorios o que infrinjan lo estipulado en el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad en Radio, TV y Medios Electrónicos. Nos reservamos el derecho a eliminar los mensajes que incumplan esta normativa y serán suprimidos del portal los contenidos que violen la Constitución y las leyes.