asdrúbal Aguiar
El parto habido en el seno del Consejo Permanente de la OEA, impeditivo de una resolución más clara y de decidido respaldo al gobierno de Evo Morales por su “conflicto interno” ante el referéndum autonómico planteado por sus opositores de la provincia de Santa Cruz, es un derivado, qué duda cabe, de la misma tesis argüida hasta ahora por este mandatario y sus aliados integrantes del eje cubano-venezolano. Estos predicaron hasta el último día la inaplicabilidad hemisférica de la Carta Democrática Interamericana. Dijeron, hasta el cansancio, que atentaba con sus estándares y mecanismos de seguridad democrática contra la soberanía y la independencia de cada Estado, libre como sería para determinarse con absoluta discrecionalidad sobre sus asuntos internos.
Estados Unidos, Canadá y los países del Caribe angloparlante sostuvieron esta vez, de suyo, que más allá de llamar a la calma y al diálogo a los bolivianos, no era de aceptarse que ahora la OEA quiera inmiscuirse a fondo en un problema de factura local: como la realización de referendos o actos comiciales dentro de sus Estados miembros, cuyo propósito sea desconcentrar las estructuras de poder acopiadas por los componentes político, institucionales y geográficos que los integran.
¡Y es que lo planteado en Santa Cruz, como regla de conducta en nada difiere a lo que ya se ha hecho también regla en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador y en la misma Bolivia durante los últimos tiempos, bajo la mirada complaciente del propio Secretario de la OEA y de la cómoda y abúlica “mayoría” de su Consejo Permanente! Aquéllos han venido empujando y obligando a sus pueblos, apoyados en la regla de la mayoría electoral y por encima, incluso, de los demás elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia y de su ejercicio como de las exigencias finalistas del Estado de derecho en la democracia, para que acepten un modelo político de corte socialista autoritario, populista, negado al pluralismo, divisor de las voluntades, y bajo un ánimo de ruptura, que persigue y excluye con violencia a quienes no lo comparten.
En fin, en tanto y en cuanto han contado tales gobernantes, integrantes del llamado “eje bolivariano”, con los votos suficientes para imponer a rajatabla su titulado Socialismo del Siglo XXI, poco cuidado han tenido para hacer buenas y obligantes las reglas de ese estatuto hemisférico que el propio Canciller de Bolivia hoy invoca en su desesperación: “El referéndum es incompatible con la Carta Democrática Interamericana”, habría dicho al diario La Nación de Buenos Aires.
La lección no se hace esperar.
La democracia no se reduce como en el pasado y como la han practicado los señores Hugo Chávez, Rafael Correa, Daniel Ortega, y Evo Morales, a un simple ejercicio cuantitativo de votos, como tampoco admite se desfigure el Estado de derecho y se le reduzca a un plano instrumental, en modo de que puedan instalarse mediante las formas de la democracia y las reglas del Derecho sistemas que al final niegan a la una y al otro.
La democracia, como derecho humano de los pueblos que es, según se lee en el artículo 1 de la Carta Democrática, reclama de los gobiernos su garantía plena; y responde a la idea de su perfectibilidad. No es ella sólo método o medio, para la organización del poder. Tampoco es odre dentro del cual se pueda jugar con el destino y los derechos que corresponden a todos los seres humanos, sin discriminaciones ni distingos raciales ni políticos, apelando a la fuerza de la contención o de la confrontación entre partes hasta que una de ellas decaiga o quede aniquilada.
La democracia reclama, así, más que tolerancia espíritu de convivencia. Es una forma de vida en la que todos los seres humanos encuentran un espacio propio y legítimo para desarrollarse en libertad, ante los otros y junto a los otros.
En democracia, nadie puede ser excluido por sus ideas y todos han de procurar las condiciones para que las minorías circunstanciales lleguen por derecho a ser mayoría. Pero en tal modelo o derecho que es e implica la democracia, también hay un límite a sus consensos, al diálogo y, todavía más, a la exigencia de la mayoría; como lo es el que impide que mediante tales recursos ceda aquélla en sustancia o se le menoscabe en su teleología.
La experiencia de Bolivia, en fin, ha de llamar a una serena y muy seria reflexión.
Esta han de hacerla la OEA, su Secretario General, y sobre todo los gobernantes de turno cuyos representantes permanentes descansan sus posaderas en el citado Consejo hemisférico, suerte actual de “medicatura forense” de nuestras democracias.
El silencio, la abulia, la indiferencia militante y hasta el desprecio socarrón con el que han castigado estos actores a los ciudadanos de los países del “eje bolivariano”, quienes se han quejado de atropellos por sus Gobiernos y de sus excesos, o que han sido perseguidos en no pocas oportunidades por sus ideas y excluidos por imperativo de una supuesta revolución socialista en curso, comienza a revertírseles y a jugarles en contra, bajo el mismo argumento del peso indiscutible y hasta dogmático de la mayoría. Es lo que pasa en Santa Cruz de la Sierra, cuyo 80% de votantes, este domingo, le dijeron SI a la autonomía y NO a la OEA y al régimen autoritario socialista de Morales, pacíficamente y mediante el sufragio.
Nadie, pues, cuando es sensato y por poderoso que sea o se sienta en una coyuntura política, puede despreciar impunemente las reglas o estándares de convivencia que le aseguren su igual protección en el futuro, una vez llegada la hora nona, el tiempo del ostracismo y hasta del desprecio. Esas reglas o estándares no son otros que los contenidos en la Carta Democrática Interamericana -interpretación auténtica que es, al mismo tiempo, de la Convención Americana de Derechos Humanos- y cuya aplicación puso de lado, por conveniencias circunstanciales, o por debilidad personal, José Miguel Insulza. Nada más.
He aquí, entonces, la tragedia de Bolivia, que se ha tropezado con las puertas de una guerra civil no deseada, que es hija y consecuencia de una traición colectiva de nuestros gobernantes a los principios que hicieron posible, en 1948, el nacimiento de la Organización de los Estados Americanos y que habrían de seguir justificándola en lo sucesivo: la defensa de la democracia y el aseguramiento, sin discriminaciones ideológicas, de los derechos humanos, por encima de las arbitrariedades gubernamentales que no pocas veces se esconden tras el manto manido de la soberanía.
Entre líneas
* Desenterrando a Simón Bolívar. “Hoy la figura del prócer venezolano... es un símbolo de la independencia usado, a la vez, por políticos de posturas enfrentadas. Su trayectoria estuvo marcada por el patriotismo y el ansia de poder. La coronación de Napoleón le reveló la efusión que podía unir a un héroe con su pueblo: un ejemplo que no olvidaría. El Libertador fue... un político que no vaciló en actuar como un dictador para ser eficaz. En vida, conoció la gloria y el olvido”, lo dice Rodolfo Terragno para ADN Cultura, del diario La Nación de Buenos Aires.
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