(Foto La República)
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EFE

El superintendente de Información y Comunicación de Ecuador, Carlos Ochoa, rechazó este martes las críticas de relatores de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la ley de Comunicación de su país, al considerar que defienden intereses de ciertos medios de prensa.

Los cuestionamientos revelan un total desconocimiento de la ley y una defensa incondicional de los intereses económicos de algunos medios, señaló Ochoa en un comunicado en el que conminó a los relatores a defender la libertad de expresión como un derecho colectivo.

El superintendente expresó sus opiniones después de que los relatores alertaran la pasada semana a Ecuador sobre los efectos que puede tener para las libertades fundamentales la Ley Orgánica de Comunicación del país.

En un comunicado, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, y el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, instaron al Gobierno de Ecuador a adecuar la norma a los estándares internacionales.

Los expertos advirtieron que, desde la entrada en vigor en 2013 de la ley, se ha observado que “su aplicación ha sido un instrumento para intervenir de manera indebida en el contenido de los medios de comunicación y sancionarlos, sobre todo cuando las coberturas son desfavorables o cuestionan los actos y decisiones del Gobierno”.

El superintendente, en su respuesta a las críticas, aseguró que la ley ecuatoriana es acorde con la Constitución y los convenios internacionales y negó que se cometan arbitrariedades en su aplicación.

También niega que la ley contenga “figuras vagas y ambiguas” y que el organismo que dirige haya “sancionado de manera ilegal” a medios cuando, por otro lado, sus decisiones pueden ser recurridas.

Según Ochoa, las críticas se corresponden con los criterios de organizaciones como Fundamedios, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep) que, afirma, están vinculadas a la CIDH, “de la que han recibido financiación”, lo que, en su opinión, no es ético.

Negó también que su organismo haya aplicado sanciones económicas desproporcionadas y aseguró que “si no existieran violaciones a la ley no habría necesidad de imponer sanciones”.

El superintendente conminó a los relatores a “defender la libertad de expresión como un derecho colectivo” en vez de los intereses económicos y políticos que, afirma, favorecieron la concentración de medios “en la región y el mundo” y a los que “parece” que los expertos “definitivamente representan”.

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