La delegación venezolana publicó una lista de 24 promesas sin mención al diálogo y la crisis de la salud (Foto cortesía)
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Luego de haber presentado su Examen Periódico Universal la semana pasada ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, de haber recibido 274 recomendaciones de 103 Estados miembros de la ONU, y de haber anunciado que no se pronunciaría sobre ninguna de las recomendaciones recibidas hasta marzo de 2017, este lunes el Gobierno de Venezuela divulgó una lista de 24 compromisos voluntarios que el Estado prevé desarrollar de aquí a cuatro años, cuando se realizará el tercer ciclo del EPU.

Ninguno de los compromisos voluntarios anunciados por Venezuela se relacionan con los temas álgidos tocados por los países que intervinieron en el examen el pasado 1 de noviembre. En la lista de 24 compromisos voluntarios no hay nada sobre desarrollar mayores garantías para el ejercicio de la libertad de expresión, prensa e información; la protección de los periodistas y el acceso a la información pública, materia sobre la cual el gobierno de Nicolás Maduro recibió al menos 34 sugerencias.

Nada sobre garantizar un verdadero espacio de diálogo con la oposición que permita acordar una salida constitucional y electoral a la crisis, tal como lo plantearon al menos siete Estados miembros. Tampoco hay ningún compromiso para impulsar la independencia de los poderes públicos en particular la autonomía de jueces y fiscales del Ministerio Público.
Tampoco sobre resolver los graves problemas de desabastecimiento de medicinas e infraestructura de hospitales. Y aunque asumió una promesa en materia penitenciaria, ésta no se refiere a garantías de respeto a los derechos humanos de los privados de libertad, ni tampoco a la puesta en libertad de los presos políticos.

En cambio el Estado se comprometió a implementar el nuevo régimen penitenciario en 100% de las cárceles; crear un órgano especializado para la atención de víctimas de la violencia; reforzar la Gran Misión “A Toda Vida Venezuela”; profundizar la formación en derechos humanos de funcionarios policiales e integrantes de la FANB; y “continuar con los concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial y al Ministerio Público”.

El gobierno de Maduro le dijo a los estados miembros del Consejo de Derechos Humanos que implementará mecanismos de seguimiento para evaluar la aplicación del Plan Nacional de Derechos Humanos; y que fortalecerá “la cooperación con el Consejo de Derechos Humanos y demás órganos del sistema de las Naciones Unidas”, sin referirse a la autorización para la visita del Alto Comisionado de DDHH ni de los representantes de las comisiones contra la tortura, detenciones arbitrarias, libertad de expresión, trabajo, etc., todas las cuales han pedido permiso para venir a Venezuela.

El Estado asumió otros compromisos de enunciados muy generales en materia de crecimiento económico, prevención del embarazo temprano, poder popular, educación universitaria, derechos de la mujer y tráfico de personas.

Destacan dos compromisos más: uno relativo a la alimentación según el cual el Estado dice que intensificará “las acciones en materia alimentaria, facilitando el acceso a los rubros de primera necesidad a toda la población; fortaleciendo las redes públicas de distribución de alimentos, mediante la planificación agrícola, garantizando la seguridad alimentaria”.

Y otro relativo al respeto y promoción de la sexo género diversidad: “adoptar instrumentos normativos y mecanismos especializados para garantizar la igualdad y no Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género o expresión de Género”. En este último punto cabe destacar que este año la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo a favor de la protección y respeto a la comunidad LGBTI, que no ha entrado en vigencia por decisión de la Sala Constitucional del TSJ, que anuló la validez de la sesión en la que dicho acuerdo fue aprobado por la cámara.

Nota de prensa de IPYS.

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