(Foto archivo)
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La población venezolana no tiene derechos eléctricos. El Gobierno se los quitó hace seis años cuando implementó una política de secuestro de la información del accionar energético nacional. No hay indicadores, nada se publica, todo se oculta. Esto deja al ciudadano en un estado de indefensión total al no poder discutir el mal o la ausencia del servicio, no tiene “ni voz ni voto” en la planificación de infraestructuras y los posibles impactos que estas pudieran tener en sus actividades, ni de las tarifas y mucho menos tiene derecho a que sea resarcido por los daños a sus electrodomésticos.

El 17 de noviembre de 2010 fue la última vez que el Ejecutivo, a través de Corpoelec, hizo público los números referentes al servicio, la generación y distribución de la electricidad. José Aguilar, consultor eléctrico internacional, dijo que este mecanismo de ocultar información ha provocado una estafa sin precedentes “y todo hecho a veces de frente, otras a espaldas de la nación en un mar de impunidad, que garantiza la corrupción y demás vicios decadentes que inciden adversamente en el desempeño de la gestión”.

Justo hace seis años el presidente fallecido, Hugo Chávez, prometió a Venezuela la Misión Revolución Energética. Pero en la práctica se ha retrocedido dramáticamente pese a la inversión de sumas de dinero jamás dedicadas en América Latina. “Se conoce de más de 25 mil millones de dólares en sobrecostos, sobre la base de más de 40 mil millones de dólares arbitrariamente dilapidados, solamente para la generación termoeléctrica”. Sumado a eso existe una deuda a proveedores cercano a los 3 mil millones de dólares. “Ciertamente además de corruptos tenemos fama de mala paga”.

Aguilar apuntó que adicionalmente de todos los proyectos prometidos quedan casi cuatro mil megavatios (MW) inconclusos y se contabiliza una merma en la generación de 15,3% megavatios durante el mandato de Nicolás Maduro.

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