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Venezuela se encuentra al borde del precipicio político, donde el total de la población podría caer al unísono,  con pérdidas humanas y materiales lamentables, frente a la intransigencia del sector oficial de respetar la opinión y los espacios de la disidencia, porque su visión de  gobernar al país es autócrata y apartada de toda regla legal, si lo establecido en la constitución nacional le estorba para seguir con sus desmanes antidemocráticos frente al poder. De allí es que desde el Poder Ejecutivo y demás poderes que se apartaron de su autonomía para convertirse en un apéndice de este, obstaculizaron la realización del referendo revocatorio contra el Presidente de la República, impidiendo el ejecútese de la segunda fase para su activación, como es la recolección del 20 por ciento de las rúbricas de los electores inscritos en el Registro Electoral Permanente.

La imposibilidad de realizar el referendo revocatorio en contra del presidente Nicolás Maduro cerró la única válvula  de escape que en el 2016 tenían los venezolanos de no derribarse ni hundirse en ese precipicio dictatorial que opera en el país desde el palacio de Miraflores, secundado por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, los cuales, a través de la violación constante de los preceptos constitucionales que consagran la separación de poderes y garantizan la revocatoria del mandato de todos los cargos de elección popular, así como el derecho a la salud, la educación y a manifestar pacíficamente, no permiten salir de la ingobernabilidad existente en la nación de manera democrática y pacífica, mediante las elecciones refrendarias ni por medio de las elecciones de gobernadores y alcaldes que deberían efectuarse este año, por cuanto ya culmina su período gubernamental de cuatro años, razón por la cual era imprescindible convocar a los comicios regionales y municipales, tal y como lo estipula la Carta Fundamental venezolana.

No obstante, ninguna de esas dos opciones electorales se van a dar en 2016 por argumentos no creíbles,  expresados por la presidenta del Consejo Nacional Electoral, los cuales distancian al país, de miles de kilómetros, de las reglas democráticas decretadas en la Constitución Nacional y los tratados internacionales.  Como en todo régimen totalitario, el sector oficial  abuso de la autoridad para impedir medirse en 2016 en cualquier elección política, porque saben que tienen en su contra más del 80 por ciento de la población.

Optaron, en consecuencia,  desconocer todos los mandatos constitucionales que  permitan salir del atolladero político existente en el país,endosado por la puesta en marcha del Socialismo del Siglo XXI, así como interpretar el articulado constitucional según convenga al régimen para perpetuarse en el poder y controlar desaforadamente todos los aspectos de la sociedad, a través de prácticas demagógicas y populistas, propias de un gobierno decadente que se niega a morir, como la entrega de bolsas de comida por medio de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, el dictamen de decretos de emergencia económica cada seis meses, los cuales ya dejaron de actuar como emergentes, por el tiempo en que se han prolongado, el otorgamiento de poderes especiales al Jefe del Estado para actuar sin controles de la Asamblea Nacional, en aras de demostrarle a sus seguidores la supremacía de su mesiánico revolucionario y el otorgamiento de un falso poder a sus seguidores, mediante un inconstitucional Poder Popular, para usarlos como integrantes del grupo de choque del gobierno, encargado de agredir verbal y físicamente al opositor, sin que reciban castigos ni amonestamiento judicial. Es la impunidad hacia el delito, amparada por los oficialistas, cuando el delincuente actúa a favor de la revolución y de los revolucionarios.

Es tan cierta esa afirmación que ni siquiera el vicepresidente del PSUV ni Aristóbulo Istúriz han recibido amonestación por todas las amenazas hechas a los opositores del gobierno, mientras que Leopoldo López está preso porque supuestamente incitó a la población a la violencia. Es que cuando el vicepresidente de la República dice que llenará toda Caracas con colectivos armados para esperar a los opositores si marchan a Miraflores el próximo jueves 3 de noviembre, no  incurre en un delito que necesita  castigo? o es que tampoco es delito cuando Diosdado Cabello, confeso que   cuando estuvo preso por el golpe de Estado de 1992, introdujo cinco granadas en una piñata que su esposa llevo al cuartelLino Clemente, en Fuerte Tiuna, para celebrar los cinco años de su hijo David, para usarlas para escapar porque el otro alzamiento militar sería el 27 de noviembre ?. Será que igualmente no es delito cuando viola la constitución nacional al hacer espionaje a sus contrarios políticos, tal y como lo advierte y admite en su programa de televisión?

Y si no es delito violar  la Carta Magna, significa, entonces, que los del gobierno pueden hacer y desahacer desafueros, porque saben que la justicia no se les aplicará a ellos mientras estén y conserven el poder. Entonces, es comprensible su afán de perpetuarse en sus cargos para seguir con sus intransigencias y corrupción.

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