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La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social que promueve y defiende los derechos humanos: brindando atención integral a personas víctimas de abusos policiales y militares en Venezuela se pronunció ante los terribles y condenables hechos suscitados en Barlovento donde se encontraron 12 cadáveres que, según las experticias realizadas, corresponden a las personas detenidas y desaparecidas hace un mes en el estado Miranda y en la que se asegura ahora con certeza la participación de varios efectivos militares en dichos crímenes.

La Red de Apoyo expresó su pesar y solidaridad con todas las familias, amigos y las comunidades, también víctimas de estas graves violaciones de derechos humanos. “Sabemos que nada puede compensar la angustia y el dolor que viven, pero también tienen el derecho de saber qué ocurrió, obtener justicia, que se sancione a todos los responsables, se les brinde ayuda para la rehabilitación de los sobrevivientes y se les otorgue algún tipo de reparación o compensación de los terribles daños causados, así como garantías de que nunca más se repetirán estos hechos”.

La organización que tiene más de 30 años denunciando delitos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad ha acompañado a los familiares que denunciaron la desaparición de Eliecer Ramírez, Anthony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Denny Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kendri González y Carlos Marchena Silva, el pasado 15 de octubre en el municipio Acevedo, región de Barlovento, estado Miranda.

La madre de uno de los fallecidos, Mary Isabel Silva, denunció que a su hijo Carlos Gabriel Marchena Silva (20) y a un grupo de más de 20 jóvenes de la comunidad, se los llevaron detenido en un supuesto Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) realizado en el sector La Peica en el municipio Acevedo (Caucagua), señalando que fueron trasladados al comando militar en El Café y aunque se dirigieron en varias oportunidades para saber de sus hijos se les informaba reiteradamente que no estaban allí.

El 18 de octubre ante la insistencia de los familiares por saber de sus hijos, los funcionarios de ese comando les indicaron que habían sido trasladados al Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, estado Miranda, pero al pedir información también se les dijo que no se encontraban en el lugar. Tres días después fueron liberados 8 de los jóvenes en graves condiciones según relatan los familiares, “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Todos estos hechos se denunciaron ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo con el acompañamiento de la Red de Apoyo.

El sábado 26 de noviembre el Ministerio Público dio a conocer a través de una nota de prensa que imputará penalmente, por varios delitos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales, ante los tribunales ordinarios del Estado Miranda, a 11 ex efectivos militares por su presunta responsabilidad en la muerte de 12 jóvenes; dichos efectivos fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el mismo día 26, según comunicado del Ministro de Defensa del mismo día, se trata del ex Teniente coronel José Ángel Rojas, los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar, Romi Antón Antón, el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez y el mayor Luis Eduardo Romero; además de los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel adscritos todos, al Batallón del ejército 323 Caribe “Coronel José Camacaro Rojas” con sede en la ciudad de Cumaná, Estado Sucre, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café, estado Miranda.

La Red de Apoyo se solidariza con las madres y los familiares de las víctimas y exhorta nuevamente a las autoridades políticas e institucionales a escuchar y atender efectivamente las denuncias de abusos, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, torturas o tratos crueles, ejecuciones o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos que ocurren en estos operativos de seguridad donde se corre el riesgo de que funcionarios de seguridad ejerzan acciones masivas indiscriminadas sobre comunidades. Consideró que los funcionarios militares no deben ejercer acciones de seguridad ciudadana para las cuales no están preparados, ni entrenados. No es posible garantizar la seguridad violando los derechos humanos, ni con operativos esporádicos e indiscriminados que en vez de traer seguridad, generan más violencia, angustia y zozobra. La seguridad es también un derecho humano que el Estado debe garantizar sin menoscabar los demás derechos.

La Red de apoyo continuará acompañando a los familiares y estará atenta para que todas las investigaciones y demás acciones judiciales y extrajudiciales se realicen con la mayor transparencia y celeridad para la búsqueda de justicia, especialmente que:
1. Se lleve a juicio a los responsables de tales hechos, para obtener sanciones penales efectivas.
2. Se garantice que los funcionarios responsables sean sancionados administrativamente por el Ministerio de la Defensa.
3. El Estado brinde la atención psicológica y psicosocial a los familiares afectados, tal como se contempla en el nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos.
4. Se otorgue la indemnización y reparación por los daños psicológicos y morales causados a los familiares de las víctimas, después de tan doloroso y traumático hecho.
5. La máxima autoridad castrense, pida públicamente perdón a las víctimas por las actuaciones represivas y las violaciones a los derechos humanos cometidas por los funcionarios adscritos al componente del Ejército Venezolano.
6. El Estado coordine con las comunidades de los diversos sectores del eje Barlovento del estado miranda, acciones concretas, efectivas y sostenibles en el tiempo para garantizar la tranquilidad, seguridad y respeto a los derechos humanos, debido al auge de las acciones delictivas en la zona.
7. Se refuerce, con carácter de urgencia, la formación y entrenamiento en derechos humanos de todos los funcionarios castrenses, policiales y de seguridad ciudadana.
8. Se brinde seguridad y garantía de no repetición de estos abusos y violaciones de derechos humanos.

Caracas, 27 de noviembre de 2016

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