Rafael Narváez, defensor de los DD.HH. (Foto Cortesía)
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Las doce víctimas del operativo de un batallón del Ejército en Barlovento, fueron previamente seleccionadas, en medio de un grupo de 32 detenidos, y antes de que los ajusticiaran, un superior ordenó que excavaran las fosas en las cuales los enterraron, en zonas montañosas de El Café y Aragüita, municipio Acevedo del estado Miranda.

Ayer sus familiares acompañados por el abogado Rafael Narváez, ex parlamentario y defensor de los derechos humanos, solicitaron el apoyo de los medios de comunicación porque temen que con el tiempo se olvide el caso, salgan libres los presuntos implicados y el múltiple crimen quede impune.

El viernes 25 y sábado 26 de noviembre fueron hallados los cuerpos descompuestos, algunos desmembrados, de Eliézer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejías, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry Javier González y Carlos Gabriel Marchena Silva.

Por la masacre están detenidos el Tcnel José Ángel Rojas Córdova, el mayor Luis Eduardo Romero, los sargentos Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar, Romi Antón Antón y Miguel Francisco Rodríguez, y los cabos Arquímedes José Aguey, Luis Eduardo Machado y Fabián de Jesús Rangel, pertenecientes al 323 Batallón Caribe “Cnel. José Camacaro Rojas”, con sede en Maturín.

Narváez los calificó como un “grupo exterminio” e instó a las autoridades a decir quién dio la orden para que fueran ajusticiados esos hombres. –El general Bellorín sabía de esto? A quién le rendía cuentas el tcnel Rojas Córdova?

Denunció que los militares se instalaron en Barlovento desde el 7 de octubre, con Rojas Córdova a la cabeza, “un criminal en potencia que tiene 17 años en la Fuerza Armada y tenemos pruebas de sus atrocidades”.

Narváez dijo que cuando enterraron uno de los cadáveres le quedaron manos y pies a flor de tierra y el superior ordenó que se los cortaran.

Pide que los militares sean recluidos en una cárcel común y los juzgue la justicia ordinaria.

Pedro Silva dijo que a su sobrino Carlos Gabriel Marchena Silva (20) lo sacaron de su casa el 15 de octubre a las 6:40 de la tarde y no volvieron a verlo.

Siguieron la patrulla militar que se detuvo en el comando de El Café, allá los familiares llevaron comida durante tres días, enseres, ropas, agua. Cuando preguntaban por ellos les respondían que los estaban verificando en el sistema, que estaba un poco lento y esperaban respuesta del Saime.

Luego les dijeron que no les llevaran más comida porque habían sido trasladados al Fuerte de Chaguaramal, en Cúpira, a una hora de El Café. Dicho fuerte fue mencionado en los años 70’ porque supuestamente torturaban a guerrilleros presos.

Dangelys Cordero dijo que a su primo Eliézer y al vecino Antony (quien prestaba servicio militar en la Armada de puerto Cabello) se los llevaron de sus casas  a las 2:45 de la tarde. Sus familiares les llevaron comida, agua, ropas y demás objetos que nunca les entregaron porque uno de ellos le hizo llegar con un confidente una nota a su mamá, pidiéndole la bendición y rogándole que le llevara agua porque no había tomado líquido.

-Se paraban frente a ellos y se comían los alimentos que la familia les llevó.

Manuel Mejías dijo que su hijo Yorman Mejías (34), agricultor, estaba trabajando cuando irrumpieron los militares en dos vehículos jeep  y tumbaron la cerca el 16 de octubre a las 2 de la tarde.

-Fui a indagar, me empujaron y se lo llevaron. Desde ese día no lo vi más, dijo el padre y rompió a llorar.

Yorman lo ayudaba en la recolección de frijoles, maíz y otros rubros, y también a trasladar al hermano mayor que está en silla de ruedas.

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