Aproximadamente seis mil 500 personas trabajan como motorizados en Carabobo y 30 por ciento de ellos están sin trabajo, al no poder comprar los repuestos de sus motos debido a los elevados precios.
«Un caucho puede costarnos hasta 60 mil bolívares y si lo compramos nuestras familias se quedan sin comer y sin vestir», expresó Edwin Rodríguez, representante del gremio en Carabobo.
Rodríguez comentó que la época decembrina representa una preocupación para quienes deben comprar el Niño Jesús a sus hijos y los alimentos típicos de la fecha. «Al quedarnos sin unidades nos quedamos sin dinero», dijo.
Miguel Morillo, representante de los motorizados del municipio Puerto Cabello, exigió al gobernador Francisco Ameliach y a instituciones como la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur) que bajen los repuestos prometidos en proveedurías por el presidente Nicolás Maduro en cadena nacional aproximadamente hace dos semanas.
Morillo indicó que tienen seis meses sin recibir dotaciones y las casas de ventas de repuestos tienen precios que no pueden pagar. Detalló que en Puerto Cabello hay 1500 motorizados y unas 600 motos se encuentran inoperativas.
Los motorizados pidieron que los repuestos lleguen directamente a los municipios y sean entregados por sus coordinadores. «Cuando existen intermediarios la información se pierde y se crean mafias internas en la que los perjudicados somos nosotros», expresaron.
Casas dignas
El presidente del Frente Motorizado Comunal Bolívar Chávez Dos Ruedas, Wilmer Torchón, denunció que aparte de la problemática de los repuestos han hecho solicitudes para que el Gobierno les dé viviendas dignas, pero no son tomados en cuenta.
Torchón dijo que hace un año hicieron un censo a los agremiados y lo entregaron a la secretaria de Desarrollo Social de la Gobernación, Gloribeth Vásquez. Sin embargo, continúan sin respuesta.
Otra protesta de motorizados
Otro grupo de motorizados se reunió en Aragüita, municipio Guacara, y revelaron abusos por parte de funcionarios policiales.
Alexander Franco, perteneciente al Fuerte de Motorizados de Carabobo, aseguró que trabajan con papeles legales completos y al ser detenidos en los operativos policiales ni se los piden. Señaló que los llevan directamente al comando para retenerles las motos y les exigen dinero para entregárselas.
