(Foto Unidad Venezuela)
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Representantes del partido opositor Primero Justicia (PJ) presentaron este lunes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela un recurso de amparo contra la sentencia que emitió este mismo tribunal en la que prohíbe las manifestaciones o actividades que alteren el orden público.

“Hoy estamos en pleno Tribunal Supremo de Justicia protestando porque quieren eliminar las protestas (…) aquí nadie nos va a quitar el derecho a protestar porque el pueblo está molesto”, dijo a los medios Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre de Caracas acompañado de decenas de simpatizantes de su partido.

El pasado 15 de noviembre, el TSJ admitió un recurso de amparo introducido por la Procuraduría General contra el Parlamento venezolano, en el que prohibía actos que puedan alterar el orden público, “realizar instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos” o cualquier acto que viole “derechos constitucionales”.

Dos días después el Supremo ratificó, sin embargo, el derecho de los ciudadanos a protestar pacíficamente y recordó que, de acuerdo a la legislación venezolana, la manifestación “no es un derecho absoluto, entendiendo por tal aquella clase de derecho que no admite restricción de ningún tipo, como es el caso del derecho a la vida, cuyo ejercicio está garantizado de forma amplia sin limitación”.

El TSJ dejó saber entonces también que no se admitirá recurso alguno que contraríe esta o cualquier decisión del máximo tribunal de la nación caribeña.

Los opositores acudieron de todas formas hoy al Supremo para “ver”, según dijeron, si éste “reacciona” y decide dejar de ser, a su juicio, un “ministerio del Gobierno”.

“A nosotros nadie nos va a quitar el derecho a la protesta porque este pueblo en este momento quiere respuesta de las instituciones y no quieren poderes públicos como este que se conviertan en un ministerio del gobierno central”, aseguró Ocariz.

La primera sentencia del TSJ también contiene otras medidas cautelares que le prohíben al Parlamento venezolano, de mayoría opositora, dictar cualquier tipo de acto “que se encuentre al margen de sus atribuciones constitucionales”.

 

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