Martes 9 de febrero de 2010
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Caracas, septiembre 2 (REDACTA).-El director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), Alejandro Lanz, denunció que se está cometiendo un “crimen ambiental” con la destrucción de la cuenca del río El Caura, en el estado Bolívar.

Lanz acusó que la depredación de ese importante reservorio ecológico se viene dando a “paso de vencedores” ante la mirada permisiva del Estado, el Teatro de Operaciones Nº 5 de la Fuerza Armada Nacional y los gobiernos regional y municipal de la entidad.

No obstante observó que por sus denuncias, junto a las de Alberto Rodríguez y Miguel Estaba, miembros de la Organización Indígena de la cuenca del Caura “Kuyujani”, sobre la presencia de mineros ilegales en la zona, se instaló un punto de control en el río Yuruaní.

En declaraciones colgadas en el portal del Centro de Investigaciones Ecológicas (CIEV), sus representantes recuerdan que “desde 2006, la presencia de mineros ilegales ha generado desplazamientos de comunidades indígenas, destrucción de hábitat, robo de sus embarcaciones y violencia por parte de estos irregulares armados, sin que el Estado muestre una voluntad política real y sostenida de hacer cumplir los preceptos constitucionales en materia ambiental y de derecho de los pueblos indígenas”.

Ante las constantes denuncias de los pueblos indígenas, el Teatro de Operaciones No. 5 instaló un punto de control en el río Yuruaní, afluente del Caura, y zona de mayor actividad aurífera ilegal. Si bien el control nunca logró detener la invasión minera, desde mayo del presente año, los militares lo abandonaron para bajar al Salto Pará y desde allí “ejercer el control de la zona”.

Resaltaron que más allá de su “reubicación estratégica”, los mineros suben sin ningún problema. De acuerdo a los Yekwana, los efectivos militares lo que hacen es negociar con los mineros. Explicaron que éstos tienen que pagar hasta 100 gramos de oro por cada persona y por cada 15 días para trabajar la mina.

Agregaron que han confirmado también que algunos mineros que no quisieron pagar la presunta “vacuna militar” fueron expulsados y desalojados del lugar bajo amenazas de ser detenidos. (EQV)

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