La Cámara de Diputados de Chile aprobó este martes la interpelación impulsada por el bloque opositor conservador Chile Vamos en contra del ministro del Interior, Mario Fernández, que estará centrada en los últimos hechos de violencia ocurridos en la sureña región de La Araucanía.
La iniciativa fue aprobada con 43 votos a favor y 32 en contra, por lo que el ministro Fernández deberá explicar el próximo 26 de enero en la cámara baja cuál ha sido su gestión en esa zona castigada en los últimos días por los atentados incendiarios y si el Gobierno tomó parte en la excarcelación de la chamán machi Francisca Linconao.
Los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional tomaron esta decisión después de que se conocieron supuestas «presiones» del Ejecutivo en el caso de la líder religiosa mapuche, imputada en el asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Los legisladores de la oposición buscan que en la interpelación el Gobierno, en voz de Fernández, explique cuál ha sido su definición política al respecto.
El pasado 5 de diciembre, la Corte de Apelaciones de la sureña ciudad chilena de Temuco, a 673 kilómetros al sur de Santiago, cambió la prisión preventiva contra Linconao, de 60 años, por arresto domiciliario y arraigo nacional (no puede salir del país).
La líder religiosa mapuche está procesada, junto a diez comuneros, por su presunta participación en el incendio intencionado de la casa de Werner Luchsinger y su esposa, Vivianne MacKay, quienes murieron calcinados en enero de 2013.
La ministra portavoz del Gobierno, Paula Narváez, afirmó este martes en declaraciones a Televisión Nacional que desde el Ejecutivo no «ha habido presiones indebidas» el caso de la chamán Linconao.
Afirmó que «el Gobierno ha sido tremendamente claro en señalar que el asesinato del matrimonio Luchsinger Mackay ha sido un crimen horroroso, y que nosotros condenamos con la mayor fuerza».
En el sur de Chile, especialmente en la región de La Araucanía y el Biobío, existe desde hace varios años el llamado conflicto mapuche, originado en reclamaciones de algunas comunidades por la propiedad de tierras que consideran ancestrales a empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.
El conflicto ha derivado en episodios de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores, mientras varias decenas de indígenas han sido procesados y condenados por diversos delitos, principalmente ataques incendiarios.
