Un grupo bipartidista de senadores estadunidenses presentó este viernes una iniciativa de ley escudo para proteger de la deportación a 745 mil jóvenes indocumentados beneficiarios del DACA, si Donald Trump decide eliminar el programa.
La propuesta es impulsada por el senador demócrata por Illinois, Dick Durbin, por su colega republicano de Carolina del Sur, Lindsey Graham y patrocinada por la senadora de California, Dianne Feinstein; de Alaska, Lisa Murkowski; y el senador de Arizona, Jeff Flake.
Me complace trabajar con el senador Graham para asegurar que estos “soñadores” queden protegidos de la deportación hasta que encontremos una solución permanente a nuestro descompuesto sistema migratorio, dijo Durbin.
Los jóvenes indocumentados fueron bautizados aquí como soñadores por haber calificado para los beneficios de la iniciativa de Ley DREAM, aunque finalmente no fue aprobada por el Congreso.
La llamada iniciativa de ley Bridge (Prohibición de Deportación de Individuos que Sueñan y Hacen Crecer la Economía) permitiría a los jóvenes recibir estatus de protección temporal hasta la fecha de expiración de sus beneficios personales.
Asimismo podrán solicitar protección provisional antes de la expiración y sus beneficios se harían extensivos no sólo a quienes ya reciben DACA sino a quienes sean elegibles a sus beneficios.
Los solicitantes deberán pagar una cuota razonable, someterse a revisión de antecedentes criminales, cumplir criterios de elegibilidad de que llegaron a Estados Unidos como menores, crecieron aquí, se educaron, no han cometido crímenes y no son un riesgo a la seguridad nacional.
Bajo la iniciativa, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) mantendría la prerrogativa de revocar los beneficios si los solicitantes incumplen los requisitos.
La iniciativa Bridge, ofrecería la protección temporal por un periodo de tres años después de su promulgación.
Estoy seguro que si el presidente Donald Trump apoyara la medida, podemos abolir la inconstitucional orden del presidente y el Congreso aprobará un estatus legal temporal a través de un proceso constitucional, señaló el senador Graham.
Desde noviembre de 2012, la Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) otorga a los jóvenes que llegaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad y que cumplen ciertos requisitos, permisos de trabajo renovables y protección contra la deportación.
Aunque Obama aprobó una ampliación de DACA y una versión para adultos, DAPA, que podrían beneficiar a otros cuatro millones de indocumentados, ambas iniciativas fueron impugnadas por los republicanos y se encuentran en litigio en los tribunales.
El mes pasado, el propio presidente Barack Obama instó a Trump a reconsiderar su propuesta de eliminar DACA.
Por separado, un grupo de legisladores demócratas integrado Luis Gutiérrez, Zoe Lofgren y Lucille Roybal-Allard pidió a Obama indultar retroactiva y prospectivamente a los beneficiarios de DACA.
La Casa Blanca descartó la posibilidad de un clemencia, a pesar de que los legisladores hicieron notar que artículo 2 de la Constitución le confiere al presidente el poder de otorgar indulto y perdón por ofensas contra Estados Unidos.
Líderes de organizaciones de defensa de los latinos coinciden que los «dreamers» son los inmigrantes indocumentados en mayor vulnerabilidad, porque las autoridades migratorios tienen todos sus datos y saben dónde ubicarlos si deciden deportarlos.
Tanto el Consejo Nacional de la Raza (NCLR), como el Fondo Mexicano Americano de Defensa Legal y Educativa (MALDEF) y el Centro Nacional de Migración (NILC) buscan consensar una estrategia, incluidas demandas legales, para responder a las acciones de Trump en migración.
