(Foto AVN)
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Venezuela fue reincorporada, después de ocho años de ausencia, al Sistema de Certificación del Proceso Kimberley, un protocolo de control de exportaciones que permite comercializar legalmente los diamantes en el mercado internacional.

Los países integrantes del Proceso Kimberley aprobaron por unanimidad la reincorporación de Venezuela y le otorgaron la certificación H1 Production en la XIV reunión plenaria del sistema, celebrada del 13 al 17 de noviembre en Emiratos Árabes Unidos.

Con esta decisión, la producción y comercialización de los diamantes venezolanos estará apegada a los elevados parámetros de calidad, solvencia y seguridad en la actividad diamantífera a escala mundial, facilitando la exportación y el acceso permanente a los mercados internacionales, refirió el Ministerio de Desarrollo Ecológico Minero en un comunicado oficial.

La reincorporación de Venezuela al organismo multilateral permitirá fortalecer las inversiones y alianzas en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, donde se estima existen alrededor de 3.000 millones de quilates de diamantes.

La producción y comercialización minera, especialmente diamantífera, está enmarcada la diversificación económica y el fortalecimiento sostenido de las reservas internacionales, en el marco de la Agenda Económica Bolivariana, precisó la cartera ministerial.

Este año Venezuela recibió la visita de la misión de revisión del Proceso Kimberly, así como de su presidente protémpore, Ahmed Bin Sulayem, delegado de los Emiratos Árabes Unidos, para demostrar que los parámetros de extracción del mineral se hacen de forma correcta.

Venezuela perteneció al Proceso Kimberley hasta el 2008, año en el cual se retiró para colocar en orden sus cifras de producción. Desde el 2014 Venezuela ha duplicado esfuerzos para reintegrarse al proceso Kimberley.

Dicho sistema regulador surge en el 2000, cuando un grupo de Estados productores de diamantes de África del Sur se reunieron en Kimberley, Sudáfrica, para discutir formas de detener el comercio de los denominados “Diamantes de sangre” y asegurar que las compras de estas joyas no financiaran la violencia de movimientos rebeldes y de sus aliados criminales, que buscan socavar la estabilidad política e institucional de Gobiernos legítimos.

Dos años después, en el 2002, el Proceso Kimberley fue instaurado con apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por iniciativa de países productores africanos, importadores, exportadores, sociedad civil y la industria, para hacer frente al comercio internacional de diamantes en bruto que financian conflictos bélicos.

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