En los últimos 12 meses, el nuevo coronavirus ha paralizado las economías, devastado comunidades y confinado a cerca de 4 mil millones de personas en sus casas. Ha sido un año que cambió el mundo
Médicos Unidos. (Foto cortesía)

El Observatorio de Universidades (OBU) aseguró que el 31% de los centros hospitalarios de Venezuela carece de agua potable, mientras que el 66% no cuenta con el fluido eléctrico.

Frente a este escenario de crisis, los especialistas en el área de la salud advierten que la situación en los principales centros asistenciales, la emergencia humanitaria compleja y la problemática económica que atraviesa el país, podría provocar la migración forzada de más 100 mil profesionales de la salud en el 2021.

No se están tomando las correcciones necesarias y el Estado está haciendo caso omiso a la grave emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país. Nosotros estimamos que al menos, 100 mil profesionales de la salud migrarán del país en el 2021, alertó Pedro Fernández, docente de la Universidad de Los Andes (ULA), en el evento virtual, realizado en Zoom, por la OBU.

Adiestramiento para el COVID-19 insuficiente

La doctora Liliana Rojas, profesora de la escuela de Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ), aseguró que el adiestramiento para atender a los pacientes por COVID-19 en el país es insuficiente.

El desconocimiento de los protocolos de bioseguridad para atender a los pacientes con COVID-19 nos deja básicamente desprotegidos. De por sí es escaso el personal sanitario, sino se les cuida, esto va a empeorar, indicó.

Carlos Mélendez, sociólogo y profesor de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), señaló que el trabajo presentado por Enobu Salud 2020 evidencia el incumplimiento de las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mélendez indicó que el personal de salud está en riesgos permanente al no disponer de forma completa los equipos de seguridad.

La dotación de insumos, las condiciones de infraestructura, para la promoción y defensa de este derecho social y otras privaciones, evidencian el incumplimiento del Estado sobre sus funciones elementales, denunció.

Lo más dramático de todo esto es la irregularidad en el suministro de agua, incluso, un tercio de quienes realizan actividades en estos centros de salud nunca cuentan con este servicio. No se puede atender adecuadamente y bajo estrictas medidas de seguridad en estas circunstancias a pacientes con COVID-19, manifestó Mélendez.




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