Con un tuitazo nacional que intentará posicionar la etiqueta #LibertadPoliciasMetropolitanos11A. y la apertura de la página www.policiasmetropolitanos11a.wordpress.com, los familiares de los funcionarios injustamente condenados por los sucesos del 11 de abril de 2002 demandarán nuevamente su libertad, cuando se cumplen 15 años de aquellos sucesos que conmocionaron al país.
Hace tres lustros, el comisario (PTJ) Iván Simonovis instó a los manifestantes a respetar la ruta de la marcha, permisada hasta Chuao y no hasta Miraflores. “No tenemos capacidad para garantizar la seguridad de tantas personas”, decía el secretario de Seguridad de la Alcaldía Mayor a través de la señal de la hoy desaparecida Radio Caracas Televisión.
Su llamado no fue escuchado. Como pudieron, los policías metropolitanos se prepararon para hacer frente al reto impuesto por el deseo ciudadano de expresar su malestar hacia el gobierno de Hugo Chávez Frías. Barricadas en las avenidas Libertador y Bolívar fueron sobrepasadas por más de 100 mil personas que se dirigieron al centro de Caracas.
La multitud, la inacción de la Guardia Nacional y la presencia de pistoleros oficialistas armados en la Avenida Baralt y desde Puente Llaguno, en la avenida Urdaneta, donde montaron una emboscada y a tiros recibieron a miles de venezolanos que expresaban su descontento con las políticas gubernamentales, conspiraron contra las intenciones de la Policía Metropolitana de garantizar la seguridad ciudadana. La consecuencia: 19 muertos y cientos de heridos.
El Gobierno necesitaba culpables. Responsabilizar a la oposición, en ese momento al frente de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, fue la decisión de Hugo Chávez y sus seguidores. Luego de un agotador juicio de 3 años y medio en Maracay, once funcionarios fueron perseguidos, acusados y condenados: Uno fue absuelto, otro recibió una pena de 3 años pero ya tenía cinco años detenido, otro tuvo una condena de 16 años y 8 meses, otro a 17 años y 10 meses y a siete les dictaron la pena máxima establecida en la legislación venezolana: 30 años de prisión por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva. La Fiscalía no pudo demostrar, mucho menos individualizar, responsabilidad en ninguna de las tres muertes que se adjudicó a los funcionarios y en la corresponsabilidad asignada a los comisiarios Simonovis, Vivas y Forero. Jurisprudencia negativa que tiñó de negro la justicia venezolana, a partir de ese momento ejercida desde el Poder Ejecutivo.
El subcomisario Marcos Hurtado, quien recibió una pena de 16 años y 8 meses; el cabo primero Arube Pérez, 17 años y once meses; el inspector jefe Héctor Rovaín, el agente Erasmo Bolívar y el cabo primero Luis Molina, sentenciados a 30 años de presidio, ya acumulan 14 años de cárcel. Están en el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde, Los Teques
En el juicio, la planimetría evidenció que era imposible que desde donde se encontraban estos funcionarios se hayan producido los disparos mortales. Quedó balísticamente demostrado que el calibre de las armas de Arube Pérez y Héctor Rovaín no coincide con los proyectiles localizados en las dos víctimas que se adjudicaron a estos funcionarios. Bolívar y Molina nunca dispararon y Hurtado no se encontraba en el sitio de los acontecimientos.
Sobre las otras 17 víctimas y más de 100 heridos, la mayoría de oposición, nunca hubo investigación, mucho menos culpables.
El comisario Iván Simonovis, condenado a 30 años, desde septiembre del 2014 tiene casa por cárcel, en atención a graves patologías adquiridas en prisión.
Los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas así como el sargento Julio Rodríguez, condenados también a 30 años de prisión, tienen libertades restringidas. En 2011 se les otorgó una medida humanitaria para atender graves enfermedades, producto de las inhumanas condiciones de reclusión. En todos estos casos, si su condición médica mejora deberán regresar a la cárcel de Ramo Verde.
Desde 2007 todos tienen derecho a Medidas Alternativas al Cumplimiento de la Pena, contempladas en el mismo Código Orgánico Procesal Penal por el que fueron condenados. Estos derechos procesales: redención de la pena por horas de estudio y trabajo, destacamento de trabajo, libertad condicional, confinamiento, no pueden considerarse un perdón, sino beneficios contemplados en la legislación venezolana, que implican que la persona sigue cumpliendo la condena impuesta, pero bajo un régimen de libertades controladas. En cada oportunidad que se han solicitado, en un lapso de 10 años, estas medidas han sido negadas a los policías metropolitanos.
Este 11 de abril, en el 15 aniversario de la fecha que destruyó la vida de los funcionarios y sus familias, convocan a toda la colectividad a participar en un tuitazo nacional que demande la libertad plena de los primeros presos políticos del régimen de Hugo Chávez. Desde las 7 a.m., con el #LibertadPoliciasMetropolitanos11A se intentará empezar a reivindicar la justicia en Venezuela
Paralelamente será lanzada la página www.policiasmetropolitanos11A.wordpress.com, la página en facebook con el mismo nombre, además de la cuenta en instagram. Acompáñalos!
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