Se cumplen 19 años de los sucesos ocurridos el 11 de abril de 2002. Un ciclo insurreccional que dejó un saldo trágico de personas asesinadas, centenares de heridos, y concluyó con la ruptura del orden democrático y la posterior restitución de Hugo Chávez en el poder.
El 11 de abril marcó el inicio de un prolongado proceso -que se mantiene y ha cobrado fuerza-, de criminalización y obstaculización para el ejercicio de los derechos a la asociación, reunión y manifestación pacíficas. La creación de zonas de exclusión para obstaculizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación pacíficas, es hoy día uno de los más negativos legados de la gestión de Hugo Chávez, continuado ahora por Nicolás Maduro.
Luego de los sucesos de abril de 2002, comenzó a levantarse un muro para impedir que movilizaciones convocadas por sectores de la oposición venezolana, pudieran dirigirse a sedes de instituciones gubernamentales como el Palacio de Miraflores, la Asamblea Nacional y otros espacios. Esta lógica de exclusión fue reforzada con una agresiva y permanente campaña de criminalización dirigida a sembrar en el imaginario popular, la idea de que cualquier manifestación que tuviera como destino las principales sedes de gobierno en el país, tenía como propósito generar caos y promover un golpe de Estado, de allí que cualquier respuesta represiva y autoritaria era válida para contener tal situación.
Construyendo el muro
En diciembre de 2002 se reformó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (LOSN) y se amplió la figura de las zonas de seguridad, incluyendo -además de las sedes de gobierno y las instalaciones militares-, a las empresas básicas del Estado, las sedes de PDVSA y otras instituciones, en las que se prohibió la realización de asambleas, huelgas o manifestaciones y se sanciona a quienes promuevan o participen en este tipo de actividades en estos espacios. Ya no sólo los opositores eran el blanco de la exclusión y la penalización por ejercer derechos, los trabajadores, campesinos y activistas sociales fueron puestos en el radar de la lógica represiva y durante varios años, desde 2005 hasta 2013, fueron las principales víctimas de la judicialización de las protestas y la criminalización del ejercicio de derechos constitucionales.
En ese período, al menos 150 dirigentes sindicales se convirtieron en presos y/o perseguidos políticos, debido a la aplicación de sanciones contenidas principalmente en la LOSN, el Código Penal, y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT). El telón de fondo siempre fue la criminalización y la territorialización del conflicto, cuya justificación reposaba en la necesaria “defensa de los intereses de la nación”.
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