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Las plataformas Venezuela Somos Todos y VenEuropa anunciaron la entrega de más de 112 mil firmas ante la Corte Penal Internacional (CPI) para reclamar que se aceleren los procedimientos que permitan abrir un examen preliminar sobre Venezuela por supuestos crímenes de lesa humanidad.

En una carta entregada junto con las firmas, estos grupos reclaman a la CPI un inicio, continuación, profundización o actualización de la investigación por los delitos cometidos o que se podrían ejecutar en Venezuela por funcionarios, autoridades, tanto a nivel de administración pública como de las Fuerzas Armadas.

Los representantes de las dos plataformas aseguraron que recogieron las rúbricas a lo largo de cuatro meses en 76 países, desde Chile hasta Japón, hasta por Irak y Afganistán.

Es una acción sin precedentes. No sabían cómo tomar las cajas de firmas en la CPI. Hubo que hacer gestiones para que dentro de su protocolo, que es muy cerrado, pudieran recibirlas, dijo Patricia Betancourt, presidenta de VenEuropa.

La abogada penalista Tamara Suju explicó que las firmas son una manifestación de apoyo hacia las denuncias. Esto le dice a la fiscal jefe de la Corte que los expedientes que se han abierto sobre Venezuela son ciertos, son verdad. Ahora convalidan las denuncias.

Venezuela actualmente no forma parte de los Estados investigados por la CPI, aunque fuentes de la Fiscalía de este tribunal reconocieron que en los últimos tres años han recibido varias comunicaciones relacionadas con este país.

Ni confirmaron ni desmintieron la recepción de las firmas, pero añadieron que, al igual que ocurre con el resto de casos, no forma parte de la política de la Fiscalía ni develar el nombre de los denunciantes ni el contenido de las comunicaciones.

Detenidos y torturados

Suju señaló que en la mayoría de casos de torturas las víctimas han contado lo que les han hecho en los tribunales venezolanos, pero en otras ocasiones esas denuncias no han sido presentadas porque han sido detenidos y torturados durante 48 o 72 horas y después los han soltado.

Los casos, que a menudo se hacen públicos a través de la prensa, han sido recopilados por Suju para elaborar los informes que envía periódicamente a la CPI.

La letrada explicó que sus comunicaciones a la Fiscalía se sumarían a otras ya presentadas, como la del exembajador de Venezuela ante Naciones Unidas Diego Arria, el exprocurador de Colombia Alejandro Ordóñez, o un grupo de más de 100 congresistas de Colombia y Chile, que han denunciado al Gobierno de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.

La presidenta de VenEuropa expresó su deseo de que las firmas sirvan para apoyar el trabajo de (el secretario general) Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos (OEA)” en Washington, donde ahora se llevan a cabo unas audiencias dirigidas por el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para determinar si existe fundamento para denunciar a Venezuela ante la Corte.

Si Ocampo y el panel de juristas de la OEA concluyeran que sí existe fundamento, está por ver quién presentaría la denuncia ante la CPI.

En caso de hacerlo el propio Ocampo o la OEA como organización intergubernamental, sería una comunicación más que recibiría la CPI respecto a Venezuela y que podría ser usada en un futuro por la Fiscalía para abrir un examen preliminar.

Si alguno de los 28 países de la OEA que también es parte del Estatuto de Roma, por el que se estableció la CPI, decidiera denunciar, tendría un efecto mucho mayor porque no sería una mera comunicación, sino una referencia.

Esa referencia significaría que la CPI abriría automáticamente una investigación en Venezuela.

Fuentes de la CPI confirmaron que no existen precedentes de un país que haya hecho una referencia sobre otro Estado como parte del Estatuto de Roma.




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